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PGN presenta resultados del acompañamiento preventivo a licitación de INCO para operación del sistema férreo

 

Bogotá, 5 de febrero de 2009. En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación presentó a la Gerencia del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, una serie de recomendaciones frente al proceso licitatorio para la administración de la operación en el Sistema Férreo Central.

La Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública señaló que la participación del Órgano de Control se motivó a partir de informaciones que circularon en medios de comunicación y el contenido de diferentes escritos allegados a la entidad sobre el trámite de la Licitación SEA LP 001 de 2008 del Instituto Nacional de Concesiones, INCO.

La convocatoria tiene como objeto: “Entregar en concesión: 1) la administración de la operación férrea, la explotación comercial y vigilancia de la infraestructura de transporte férreo, 2) la prestación del servicio de Transporte Férreo de carga y pasajeros; y 3) el diseño, la pre-rehabilitación, rehabilitación, construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructrura de transporte férreo; en el sistema férreo central”.

Precisó que al Ministerio Público no le corresponde avalar o desestimar las decisiones que son de competencia exclusiva de las entidades vigiladas o que son objeto de actuaciones preventivas.

En desarrollo de esta intervención, en diferentes comunicaciones remitidas a la gerencia del INCO se plantearon observaciones al proceso licitatorio, así:

Mediante oficio 69922 del 8 de octubre de 2009, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se pronunció respecto al panorama jurídico existente frente a los hechos que suscitaron el acompañamiento preventivo de la Licitación SEA LP 001 de 2008, recomendando el análisis cuidadoso de todas las alternativas previstas, con el fin de superar inquietudes surgidas en torno a la transparencia y legalidad de las actuaciones desplegadas por los servidores responsables del INCO.

En esa comunicación, se hizo referencia a la futura suscripción de convenios interadministrativos entre el INCO y la Universidad Nacional de Colombia para la evaluación de las propuestas presentadas y la revisión de los documentos precontractuales generados en el trámite de la Licitación SEA LP 001 de 2008, sugiriendo examinar de forma previa a su celebración, los fundamentos y la conveniencia jurídica y económica de la posibilidad de que, dentro de convocatorias públicas en estado de evaluación definitiva de los ofrecimientos, se contrate a un tercero para que valide la actuación de la entidad contratante.

Además, la Procuraduría General de la Nación manifestó:

1. Que los actos de apertura de las convocatorias, al ser actos administrativos precontractuales, debidamente motivados, fueron expedidos con fundamento en los estudios previos elaborados por la entidad y las observaciones que frente a ellos y al proyecto de pliego de condiciones, elevaron los interesados, por tal razón, gozan de presunción de legalidad que se desvirtúa en las condiciones previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

2. Que, el INCO, una vez desarrollados los estudios y comprobaciones a que haya lugar, atendiendo las quejas o denuncias presentadas y actuando en el ámbito de las competencias asignadas por la Constitución y la Ley, de encontrar falencias en la estructuración del pliego de condiciones o situaciones que vulneren o desconozcan la normatividad vigente o los principios rectores de la materia, podría hacer unos de la figura de la revocatoria directa del acto de apertura de la Licitación, dentro de los parámetros establecidos por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

3. Que los motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y den lugar a la declaratoria de desierta del proceso de selección, deben encuadrarse en las causales establecidas en el pliego de condiciones y derivarse de la evaluación de las ofertas recibidas, efectuada con fundamento en las reglas contenidas en dicho documento.

4. Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la licitación pública debe adelantarse en los términos estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva.

A través del oficio 99629 del 23 de diciembre de 2009, se precisó que la responsabilidad de adoptar las determinaciones encaminadas a finalizar el trámite del proceso de contratación de la referencia, recae exclusivamente en el INCO, resaltando que, a la Procuraduría General de la Nación, no le corresponde avalar o desestimar las decisiones de competencia de las entidades vigiladas u objeto de actuaciones preventivas.

Finalmente, respecto al primer informe rendido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, en ejecución del convenio interadministrativo que fue suscrito con el INCO, con el objeto de realizar la evaluación de ofertas presentadas en el trámite de la Licitación SEA LP 001 de 2008; entregado al grupo de trabajo de la Procuraduría, se sugirió al INCO revisar y analizar las observaciones allí contenidas, en el marco de su competencia técnica, definiendo el procedimiento a seguir, con el fin de concluir el trámite de la convocatoria.

Por lo expuesto, la Procuraduría General de la Nación declara que, la actuación preventiva desplegada para el caso en cuestión, se ha limitado al estudio del alcance legal de las situaciones puesteas en su conocimiento, a la presentación de las diferentes alternativas jurídicas existentes para resolverlas, y al planteamiento de estrategias para la defensa del orden legal y de los recurso públicos involucrados.