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Proyecto de Ley que reglamenta el ejercicio de la Archivística es constitucional, dice el Procurador General de la Nación

 

Bogotá, 4 de febrero de 2010. Las objeciones presidenciales al proyecto de ley que reglamenta el ejercicio profesional de la archivística son infundadas, por lo tanto, su texto es ajustado a la Constitución.

Así lo indicó el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en un concepto presentado ante la Corte Constitucional en el que solicita se declare exequible la citada iniciativa, que fue objetada por el Presidente de la República por razones de inconveniencia e inconstitucionalidad.

Según el Gobierno Nacional, la sanción de ese proyecto vulneraría los derechos a la educación, el trabajo y la igualdad de aquellas personas que, habiéndose formado en disciplinas diferentes de la archivística pero afines a su objeto de estudio, se verían excluidas injustificadamente de la posibilidad de ejercer en este campo de acción.

A juicio del Procurador General, quien tiene la plena competencia para definir el campo propio de cada una de las profesiones es el legislador, en virtud del artículo 26 de la Constitución que le atribuye dicha facultad.

Consideró que, al reglamentar el ejercicio de una profesión, “el legislador puede establecer un marco general que determine la naturaleza y características de la misma, las formas de alcanzar el carácter de profesional en la materia en virtud de la ley , y el ámbito dentro del cual deben desenvolverse los sujetos pertenecientes a la respectiva profesión”.

Para la Procuraduría, al margen del debate que se pueda presentar sobre la dimensión real de la archivística como ciencia o técnica, lo que resulta indiscutible es su carecer autónomo y específico como disciplina del conocimiento, más allá de que, por la naturaleza de su objeto de estudio, sirva como soporte empírico para otros saberes como la historia, el derecho, la comunicación social, la bibliotecología o la informática.

Mencionó que, en la definición de la archivística como ciencia, se hace sólida la corriente doctrinal que la sitúa como una disciplina que trata de los archivos, su conservación, administración, ordenación e interpretación y como fuente para su conocimiento y posterior servicio público.