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PGN entrega resultados de encuentro que fortalece la gestión en las regiones

 

Bogotá, 28 de enero de 2010. Durante el segundo día del Taller de Fortalecimiento de la Gestión Territorial, que se adelantó en el municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca, el tema se concentró en el análisis de la situación de la salud en las regiones y las obligaciones de los funcionarios públicos en esta materia.

Dentro de los principales llamados que se hicieron a los alcaldes, personeros, concejales, secretarios de salud, asesores jurídicos de las alcaldías y demás asistentes, se encuentran:

1. La obligación de nombrar gerentes en propiedad.
2. La existencia del grupo especial anticorrupción en salud.

Se informó que los alcaldes deben incluir y actualizar la base de datos del Sisben para cumplir con la obligación de afiliar al régimen subsidiado al 100% de quienes tengan derecho de acceder al mismo.

Así mismo que, en virtud de los decretos de emergencia, todas las conductas de servidores del sector salud que generen procesos disciplinarios se entenderán como gravísimas y serán tramitadas a través del proceso verbal especial.

Resultados del primer día del Taller

De otra parte, y a propósito de la preocupación de los servidores públicos frente a las restricciones de la contratación directa en la época pre-electoral, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, Antonio Gómez Merlano se concentró en aspectos como:

1. La modalidad de selección de contratación directa y su definición.
2. Las causales establecidas por la ley para utilizar este mecanismo, así como los requisitos necesarios.
3. Los controles establecidos y las normas correspondientes, en especial en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

Frente a la Ley 996 de 2005, de garantías electorales, precisó que esta norma prohibió la contratación directa dentro de los cuatro meses anteriores a la primera vuelta presidencial, salvo las excepciones previstas. También reiteró las prohibiciones que la citada ley le impone durante el mismo término a los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios directivos del nivel territorial, especialmente en lo que hace referencia a:

· La contratación directa
· La firma de convenios interadministrativos con recursos públicos
· La participación en la inauguración de obras con presencia de candidato
· La modificación de nómina
· Los nombramientos

Posteriormente al conversatorio que llevó a cabo en el marco del taller, el encuentro se concentró en:

· La contratación territorial con entidades sin ánimo de lucro, que son reguladas por el derecho privado.
· La contratación directa con las instituciones de educación superior, las limitaciones establecidas, en especial frente a su régimen de atonomía y su regulación por el derecho privado.

El doctor Gómez Merlano enfatizó que se pueden ejecutar contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada, acreditando la capacidad requerida para dicha contratación. Esto, entre otros aspectos de especial relevancia en materia contractual.

Se insistió en que las cooperativas y las asociaciones de entidades territoriales deben someterse al Estatuto de Contratación y que aquellas entidades que no están sometidas al mismo, respeten los principios de la función administrativa, de gestión fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.

Otros asuntos tratados fueron los siguientes:

1. El régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta.
2. La celebración de contratos con organismos internacionales y la prohibición de que se contrate la administración de recursos con dichos organismos.
3. El régimen contractual de Fonade, entidad que debe someterse al estatuto contractual.
4. Los contratos de alumbrado público.

Explicó la contratación de las empresas de salud y las empresas domiciliarias de servicios públicos y dedicó un tiempo significativo para examinar los alcances de la autorización que deben dar los concejos municipales a las alcaldías, en materia contractual y la correspondiente reglamentación de esa autorización. También hizo referencia a las violaciones al Código Disciplinario Único que se pueden dar por interpretaciones abusivas y/o restrictivas en esta materia.

Finalmente, trató el tema de las garantías contractuales, con la recomendación en el cuidado que deben tener para evitar que los contratistas presenten garantías expedidas por compañías de finanzas que no sean vigiladas por la Superintendencia Financiera. Explicó los instrumentos señalados por la ley y que pueden ser utilizados como mecanismos de cobertura de riesgo, al igual que el contenido de las garantías de seriedad de la oferta y de cumplimiento.