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Destituido e inhabilitado por 20 años alcalde de Cantagallo (Bolívar)

 

Bogotá, 20 de enero de 2010. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al alcalde del municipio de Cantagallo (Bolívar), Javier Humberto González Argel, por varias irregularidades contractuales presentadas en desarrollo de su gestión durante el mes de diciembre del año 2008.

En primer término, el Ministerio Público estableció que el mandatario, con la finalidad de conjurar la crisis generada por la ola invernal que azotaba al municipio, declaró la urgencia manifiesta y amparado en esa figura, celebró un contrato de compraventa para el suministro e instalación de cuatro electrobombas de alto caudal, las cuales no fueron utilizadas para atender la situación.

Así mismo, fue hallado responsable disciplinariamente por omitir la escogencia de los contratistas mediante licitación pública y concurso de méritos, para la ejecución del proyecto reforestación de las microcuencas abastecedoras de agua potable a través de cultivos agroforestales; la instalación de Internet en las diferentes instituciones educativas del municipio y la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato celebrado con ACUAVALLE S.A. E.S.P, que ascienden a $1.950.000.000 pues procedió a su contratación directa con Fundavalle sin que el objeto de esta fundación tuviera relación directa con las actividades contratadas.

Por otra parte, se comprobó la omisión del funcionario respecto a la elaboración de los estudios previos requeridos para contratar el proyecto de reforestación de las microcuencas abastecedoras de agua potable; la instalación de internet en las diferentes instituciones educativas, las dotación de diferentes elementos en las instituciones educativas oficiales; el proyecto de construcción y diseño de las obras de saneamiento básico y la contratación de la interventoría técnica, administrativa y financiera a ese último convenio, los cuales en su conjunto superan la suma de $8.105.000.000.

En el marco de este fallo de primera instancia, el Ministerio Público advirtió que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria.

Finalmente, la Procuraduría ordenó remitir copia de la actuación disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación por presunta comisión de algunos delitos.