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Por apropiación de recursos públicos, Procuraduría destituyó a funcionaria de Promotora de Vivienda de Risaralda

 

Bogotá, 18 de enero de 2010. La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por trece años contra la señora Luz Vivian Herrera Ortiz, en su condición de auxiliar administrativo y contable de la Promotora de Vivienda de Risaralda, para la época de los hechos, por haberse apropiado de recursos públicos aprovechándose del manejo que tenía sobre los cheques, los sistemas contables y la caja menor de la misma entidad.

De acuerdo con la investigación, que en primera instancia adelantó la Procuraduría Regional de Risaralda, el 15 de febrero de 2008 la señora Herrera Ortiz cobró un cheque por valor de un millón 507 mil 650 pesos de la cuenta corriente de la entidad, cuando se le había autorizado una transacción por valor de 507 mil 650 pesos, apropiándose del excedente por un millón de pesos.

Para justificar el dinero la disciplinable, entre otras irregularidades, procedió a alterar los registros del sistema contable que manejaba, como un comprobante de egreso de fecha 10 de enero de 2008 que soportaba un giro por valor de 14 millones 574 mil 356 pesos, quedando como egreso ficticio la suma de 15 millones 574 mil 356 pesos.

Así mismo, modificó la nota de contabilidad del 8 de febrero de 2008 por valor de 1 millón 507 mil 650 pesos, la que pasó a 507 mil 356 pesos, ocultó los comprobantes de egreso originales y los desprendibles de cheques, así como una factura de venta por valor de 14 millones 574 mil 356 pesos, haciéndola pasar por la suma de 15 millones 574 mil 356 pesos.

Al confirmar la decisión, el Ministerio Publicó consideró que los argumentos expuestos por la defensa no están llamados a prosperar, por cuanto no se desconoce el principio de cosa juzgada, al haber sido condenada penalmente la señora Herrera Ortiz por el delito de peculado por apropiación, por cuanto la acción disciplinaria es independiente de la penal.

La Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Alba Cristina Gruesso Sánchez, señaló que tanto la acción disciplinaria como la penal, obedecen a objeto y causa distintos, tienen finalidades diferentes y protegen bienes jurídicos igualmente distintos.

“Razón por la que resulta no sólo completamente procedente y ajustado a derecho, sino que constituye un imperativo legal, la imposición de sanciones penales y disciplinarias, frente a la ocurrencia de conductas como la cometida por la señora Herrera Ortiz”, precisó en la decisión.