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PGN se pronuncia frente a tutela interpuesta en proceso de contratación de sistemas de seguridad carcelarios

 

Bogotá, 22 de diciembre de 2009. El Ministerio del Interior y de Justicia es el único organismo competente para tomar la determinación de suscribir el contrato de los sistemas electrónicos de seguridad de diez establecimientos carcelarios en el país, señaló el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

La intervención del jefe del Ministerio P úblico se originó dentro de la revisión efectuada a la acción de tutela interpuesta por la Unión Temporal de Seguridad Carcelaria contra el Ministerio del Interior y de Justicia.

Como se recordará, la Procuraduría sugirió en su momento, revocar la adjudicación del contrato basándose en un informe de policía judicial, según el cual, uno de los integrantes de la firma posiblemente se había valido de medios ilegales para obtener la adjudicación en cuestión. Esta recomendación fue acatada por el Ministerio.

Ante esta situación, la Unión Temporal Seguridad Carcelaria interpuso una acción de tutela por considerar que no se habían cumplido los trámites legales necesarios para proceder a revocar un acto administrativo como éste y que el Ministerio no era competente para adelantar las investigaciones relacionadas con estos hechos presuntamente ilegales.

La acción de tutela fue conocida en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que tuteló el derecho al debido proceso y a la defensa, y en segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura, que confirmó la decisión de primera instancia que ordenó al Ministerio, de una parte, dejar sin efectos la resolución mediante la cual el Ministerio revocó la adjudicación, dar inicio al trámite legal para obtener la revocatoria de la resolución de adjudicación y adicionalmente, ordenó modificar la decisión en el sentido de ordenarle a la accionada que en el término de 48 horas concluyera el trámite contractual y adjudicara el contrato a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria, decisión que a juicio de la Procuraduría, no era de su competencia.

Para la Procuraduría es claro que el juez de tutela de segunda instancia hizo una interpretación equivocada de las normas que regulan la revocatoria de los actos administrativos, las cuales plantean la necesidad de demostrar que "el acto se obtuvo por medio ilegales"(..) sin acudir al órgano judicial competente para que se decretara y practicara la respectiva prueba a fin de cotejar las voces contentivas de la grabación aportada por la misma Fiscalía General de la Nación (.) para que a través de una sentencia ejecutoriada con fuerza de cosa juzgada hiciera viable la definitiva revocatoria del acto administrativo cuestionado".

Por lo anterior, el Procurador General considera conveniente que la Corte Constitucional precise el alcance del inciso 3º del artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, en el sentido de aclarar si se trata de una revocatoria de carácter unilateral debido a la existencia de los medios ilícitos y pronunciarse además, en cuanto a la eficacia de la norma, "como quiera que ésta está referida al interregno entre la adjudicación y la suscripción del contrato, y dicho espacio de tiempo es a toda luces insuficiente para demostrar la responsabilidad penal de un adjudicatario".

El Ministerio Público comparte la decisión del juez de tutela de primera instancia, quien tuteló el derecho al debido proceso y a la defensa, y dejó en libertad al Ministerio del Interior y de Justicia para que "de acuerdo con su discrecionalidad administrativa y dependiendo del avance de las investigaciones penales o de otra índole decidiera lo que a bien tuviera frente al precitado contrato y no como lo ordenó el Consejo Superior de la Judicatura que de manera forzosa obligó a la administración a suscribir el contrato".

En su pronunciamiento, advierte además que si se demuestra que el contrato fue obtenido a través de medios ilegales, deben detenerse los efectos de éste, ya sea mediante la revocatoria del acto o, si a ello hubiere lugar, utilizando las acciones contenciosas administrativas que permitieran la nulidad de todo lo actuado.