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Por acción de la Procuraduría y el Consejo de Estado, amparados derechos fundamentales de las  familias desplazadas asentadas en el predio "San Jorge" en Jerusalén (Cundinamarca)

 

Bogotá, 22 de diciembre de 2009. Por  intervención de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos de varias familias desplazadas asentadas en el predio "San Jorge, ubicado en el municipio de Jerusalén (Cundinamarca) adquirido por el Incoder, y ordenó a las entidades accionadas, tomar las medidas pertinentes a fin de que puedan hacer realidad su autosostenibilidad económica y social.

En consecuencia, el terreno objeto de controversia deberá ser adecuado a las necesidades de estas familias, o proceder en el término de 60 días a reubicarlos en un terreno que cumpla con las condiciones adecuadas de habitualidad y aprovechamiento de tierras.

La sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta , Subsección B, del citado tribunal, proferida el 31 de agosto del año en curso, fue impugnada por el Incoder, interviniendo activamente el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios en el trámite de la segunda instancia, allegando las actuaciones administrativas adelantadas por la Procuraduría 27 Judicial Agraria.

La intervención del Ministerio Público permitió establecer que el predio no cuenta con las condiciones mínimas para ser habitado, explotado ni es apto para desarrollar los proyectos productivos que les permita a estas familias su autosostenimiento y estabilización socioeconómica.

La sentencia del Consejo de Estado, se apoya en un caso similar dirimido en la Sentencia T 1115 de 2009, que contó igualmente con la participación de la Procuraduría Delegada , en la que se cuestionó la reubicación realizada por el Instituto a familias desplazadas asentadas en el predio " La Colorada ", Vereda Quebrada Negra, Municipio de Jerusalén, departamento de Cundinamarca.

De esta forma la Procuraduría General de la Nación cumple una vez más con el deber constitucional de defender y proteger los derechos humanos, especialmente a los desplazados como sujetos especiales de protección constitucional.