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Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, anunció decisiones disciplinarias

 

Intervención completa de la Viceprocuradora General de la Nación

 

Bogotá, diciembre 21 de 2009. La Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión provisional por tres (3) meses, del Gobernador de Casanare, Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, dentro del proceso disciplinario que se sigue en contra del mencionado funcionario, por su presunta responsabilidad derivada de la celebración y ejecución de contratos y convenios para la prestación de los servicios educativos y suministro de bienes y servicios, respectivamente.

La medida preventiva, que ya fue comunicada al investigado y a su defensor, es de cumplimiento inmediato y no requiere de notificación personal de acuerdo con la ley disciplinaria.

La Procuraduría encontró que con la celebración de dichos contratos, se podría estar transgrediendo el principio de transparencia de la Contratación Estatal, por el posible desconocimiento del deber de selección objetiva.

Las conductas por las que se investiga al mencionado gobernador, constituyen, al parecer, faltas gravísimas y existe la posibilidad que, probablemente, sean reiteradas por cuanto se encontró una persistente utilización indebida de la contratación estatal, que desconoce las reglas de contratación.

En la misma decisión se ordenó compulsar las copias pertinentes para que tanto Procuraduría como la Fiscalía General de la Nación, investiguen otros contratos presuntamente irregulares.

Destitución a ex Gobernador de Casanare

De otra parte, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 14 años al ex Gobernador de Casanare Witman Herney Porras Pérez, con destitución e inhabilidad por doce años al señor Víctor Manuel Alfonso Sánchez, ex Tesorero del Departamento y con suspensión e inhabilidad especial por doce meses a María Fernanda Zúñiga Chaux, en su condición de Presidenta de FIDUAGRARIA, para la época de los hechos.

Las sanciones corresponden a la responsabilidad que los mencionados funcionarios tuvieron en la inversión de los excedentes de liquidez del Departamento de Casanare, en cuantía de 38 mil millones de pesos, en los patrimonios autónomos constituidos por particulares con dineros públicos, que conllevó a la pérdida de esos recursos por la precariedad de las garantías exigidas y el alto riesgo que demandaba la participación de la entidad territorial como inversionista beneficiario.

Los hechos que dieron lugar a la investigación ocurrieron el 17 de noviembre de 2006.

Fallo sancionatorio contra actual Gobernador de Putumayo

Mediante providencia del 18 de diciembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación profirió sanción consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, por el término de doce años, contra el Gobernador de Putumayo Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, por irregularidades en la actividad contractual.

La decisión se extendió a la Secretaria General y de Gobierno Karina Rojas Maestre y el Gobernador en calidad de encargado Camilo Augusto Otoya.

La sanción obedeció al encontrar irregularidades en la actividad contractual adelantada por la Gobernación de Putumayo en diciembre de 2008, concretamente al no realizar una escogencia objetiva del contratista del proyecto denominado desarrollo integral de la infancia a través de la recreación con juguetes lúdicos y participación de las actividades decembrinas cuyo valor era de 470 mil millones de pesos.

Destitución a ex alcalde de Castilla la Nueva , Meta

Por inversión irregular de excedentes temporales de liquidez, provenientes de regalías petrolíferas en patrimonios autónomos, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por once años a Edgar Fernando Amézquita Herrera, ex alcalde de Castilla la Nueva , Meta, y con destitución e inhabilidad por doce años a José Marcelino Garavito Barrantes, ex Secretario Administrativo y Financiero del mismo municipio.

De igual manera, impuso sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 12 y 10 meses, respectivamente, a las ex presidentas de FIDUAGRARIA, Laura Cifuentes Muñoz (2004-2006) y María Fernanda Zúñiga Chaux (2006-2008).

Para la Procuraduría , la inversión de dineros públicos en los patrimonios autónomos PROYECTAR, COLTEJER, PROYECTO CARBONÍFERO CHACÓN - BERNAL, ENSACAR, COSACOL, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, se hizo con desconocimiento del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, que no permite esa forma de colocación de recursos.

Según el Ministerio Público, la inversión sirvió de fuente de pago de las obligaciones a cargo de las referidas empresas a través de la figura de cesión de derechos con pacto de readquisición, maniobra permitida por el entonces Alcalde, pese a no estar autorizada por la ley para las entidades territoriales.

En opinión del órgano del control, frente a estas inversiones no permitidas para los municipios, las ex Presidentas de FIDUAGRARIA no ejercieron mecanismos para verificar la procedencia de los recursos que ingresaron a los patrimonios autónomos.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación.