INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 682

Procurador General pide a  la judicatura investigar  a  35 jueces que dieron trámite indebido a demandas contra el Estado (INVIAS)

 

Bogotá, 4 de diciembre de 2009.  El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó ante el Consejo Superior de la Judicatura una queja para que inicie y adelante una investigación disciplinaria contra algunos despachos judiciales de los departamentos de Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Guajira que dieron, al parecer, trámite indebido a 38 procesos adelantados en contra del Estado (INVIAS).

Las condenas impuestas se originaron en virtud de la supuesta ocupación de terrenos rurales a particulares para la construcción y rehabilitación de vías terciarias en estas regiones del país, por parte del liquidado Fondo Nacional de Caminos Vecinales, cuyo valor  asciende a la suma de TREINTA MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($30.633.789.329).

De acuerdo con la información recaudada por el Grupo de Asesores Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, una vez ordenada la apertura de indagación preliminar el pasado 20 de octubre de 2009, contra funcionarios de INVIAS, se encontró que desde el 2007 la justicia ordinaria profirió  las 38 condenas contra dicho organismo, dentro de igual número de procesos judiciales denominados como reivindicatorios agrarios.

Sostiene el Procurador General que con estas acciones judiciales se puede afectar el patrimonio público, toda vez que fueron tramitadas mediante un procedimiento distinto al señalado por la ley, en cuanto a que estas reclamaciones debieron ser conocidas por la justicia de lo contencioso administrativo y no por la jurisdicción ordinaria, como ha venido ocurriendo hasta el momento.

Además, se advierte que con antelación (antes de las 38 condenas) el INVIAS ya había sido hallado responsable en otros procesos judiciales tramitados presuntamente en similares circunstancias, cuyo valor ascendió a la suma VEINTICINCO MIL MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($25.966.994.333), recursos que ya fueron cancelados a los beneficiarios entre la vigencia de 2006 y agosto de 2009.

Preocupa al Procurador General de la Nación que estás cuantías son susceptibles de incrementarse en forma exponencial, en caso de que prosperen otras 262 demandas  que se encuentran en curso en contra de INVIAS, por circunstancias similares y en diversos juzgados que hacen parte de la jurisdicción ordinaria, valor que puede alcanzar  a los DOSCIENTOS SETENTA MIL MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($270.818.780.466).

Al mismo tiempo, que el Jefe del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se investigue a los juzgados implicados, pidió examinar alternativas para salvaguardar los recursos comprometidos en las 38 condenas que la justicia ordinaria profirió contra INVIAS.