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Procuraduría formula comentarios a política de tierras  y de territorios

 

Bogotá, 1 de diciembre de 2009. La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional serias observaciones a los “Lineamientos de Política de Tierras y territorios para la Población Víctima del Desplazamiento Forzado, en Riesgo de Desplazamiento Forzado y del Despojo”, documento presentado por varias instituciones del Gobierno Nacional.

Como se recordará, la Corte Constitucional mediante auto 008 del 26 de febrero de 2009 ordenó a los Ministros del Interior y de Justicia y de Agricultura y Desarrollo Rural, al Director de Acción Social y a la Directora de Planeación Nacional reformular la política de tierras de tal forma que “sea posible valorar si la nueva política de tierras resulta adecuada para avanzar de manera razonable y acelerada en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y en el cumplimento de las metas fijadas”.

Al evaluar el citado documento, con el objetivo de verificar la inclusión en éste de los criterios que la Corte Constitucional señaló, la Procuraduría concluyó:

  1. Frente a la conexidad de derechos fundamentales afectados. la propuesta presentada por el Gobierno Nacional no es integral, pues se centra  en la restitución o en la compensación, todo desde la óptica del restablecimiento de uno de solo de los componentes patrimoniales y no hace referencia al restablecimiento de las condiciones anteriores al despojo, de los bienes que fueron abandonados.

 

  1. El diseño de una justicia restitutiva, bajo un esquema transicional demanda no sólo la reformulación y la redistribución de competencias gubernamentales, sino que debe dar un paso hacia adelante que la propuesta solo enuncia. 
  1. Existe un diagnóstico adecuado frente a las dimensiones que han tomado  el despojo y el abandono forzado, desbordando la institucionalidad y la capacidad de elaborar respuestas por parte del Estado, siendo necesario reformular políticas para adoptar mecanismos, medidas e instituciones que materialicen el postulado de justicia social para la población desplazada.

 

  1. En el documento se identifica que para la población desplazada con derechos declarados (sentencia judicial) o constituidos (acto administrativo), la línea  debe ser la restitución; pero nada se dice respecto de quienes tenían la expectativa consolidada o próxima a consolidarse.
  1. Este documento de política pública no contempla el procedimiento del Subsidio Integral de Tierras (SIT), que en la actualidad se constituye en el instrumento de política mediante el cual se adelantan en el país los programas de reforma agraria.

 

  1. No se incluyó el procedimiento del Subsidio Integral de Tierras (SIT), instrumento de política mediante el cual, en la actualidad, se adelantan en el país los programas de reforma agraria. 
  1. La reglamentación de la figura de la permuta, que se encuentra vigente pero aún no ha entrado a operar porque el reglamento respectivo aún no ha sido expedido.

 

  1. La política de tierras no tiene líneas de atención diferenciada a mujeres y a minorías étnicas, pese a que el documento menciona que se tendrán en cuenta los principios de igualdad y enfoque diferencial, entre otros.  Tampoco refiere proyectos específicos para la mujer rural, la cual hasta la fecha ha sido desconocida en los diferentes programas del sector, limitándose a otorgar un puntaje extra por esta condición.
  1. El tema del desplazamiento urbano exige la adopción de una estrategia diferente con respecto a la de los bienes rurales y la creación de una base de datos donde queden inventariados todos los bienes de quienes han sufrido desplazamiento.

 

  1. Frente a la restitución territorial, se sugiere la creación de un grupo humano con dedicación a las labores de recepción de casos, asistencia jurídica, apertura del caso, consecución de pruebas, conformación del litigio, impulso hasta llegar a su finalización.
  1. La Procuraduría consideraría que debería consignarse como política de Estado la exoneración y/o condonación del impuesto predial mientras dure la situación de desplazamiento.

 

  1. Es necesario que esta política de tierras contemple la situación financiera del desplazado que han obtenido créditos para la explotación de la tierra o ejecución de proyectos productivos, que precisamente se constituyen en la garantía para el pago de la deuda. Es necesario entonces tener en cuenta la situación financiera de los desplazados respecto del sistema bancario nacional.
  1. Es necesario articular la política de tierras para desplazados con las acciones de las autoridades del Sistema Nacional Ambiental, pues son frecuentes los reclamos que la Procuraduría tramita por la entrega a desplazados y a la población campesina en general de predios con dificultades ambientales.

 

Para el Ministerio Público existen contradicciones entre el modelo de desarrollo agropecuario implementado  en el país y el Estado Social de Derecho, “el modelo no ha demostrado ser lo suficientemente incluyente, especialmente con poblaciones desplazadas vulnerables a múltiples factores”.

Es urgente que el Estado colombiano realice una reforma agraria integral y actualizada “cuya demora ha sido una de las causas del conflicto social y del fenómeno de desplazamiento forzado que se vive en el país. El desplazamiento forzado de más de tres millones de colombianos es una tragedia humanitaria que evidencia la situación que se está viviendo en el país en materia de acceso a la tierra”.