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PGN pide al Consejo de Estado confirmar responsabilidad de la Policía en caso de muerte de civiles en Norte de Santander

 

Bogotá, 25 de noviembre de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que confirme la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, en contra de la Policía Nacional, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del señor Oscar Iván Andrade y la señora Faride Herrera Salcedo, así como por las lesiones causadas a la señora Astrid Leonor Álvarez Jaime.

Los hechos ocurrieron el día 13 de abril de 1992 en el sitio denominado El Alto del Pozo, entre los municipios de Sardinata y Ábrego, Norte de Santander, cuando el vehículo en que se movilizaban las víctimas fue atacado de manera intempestiva y violenta por una patrulla de antiguerrillas adscrita a la Policía Nacional, presentando la acción como el resultado de un enfrentamiento con un grupo armado al margen de la ley.

En un concepto presentado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, el Procurador Quinto Delegado ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, Wilson Ruíz Orejuela, compartió la declaratoria de responsabilidad por cuanto los miembros de la Policía actuaron con culpa grave, lo que desencadenó su responsabilidad en los hechos.

En el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional se cuestionó lo referente a la tasación de perjuicios morales, considerados como muy altos,  por cuanto el mismo Gobierno Nacional aceptó su responsabilidad en estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como responsables de la acción fueron llamados en garantía, para que respondan en acción de repetición, el Mayor César Emilio Camargo, Capitán Eduardo Guzmán López y los Agentes Roberto Rosero y Henry Sánchez Bueno.