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Procuraduría destituye a ex alcalde de Buenaventura

 

Bogotá, 12 de noviembre de 2009. Por irregularidades al suscribir convenios educativos, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por once años, al señor Saulo Quiñónez García, en su condición de Alcalde de Buenaventura, y, al señor Erlindo Riascos Riascos, con destitución e inhabilidad por doce años, en su calidad de Jefe del Departamento de Aseo del mismo municipio.

Según la investigación disciplinaria, el 17 de diciembre de 2004, el entonces alcalde municipal celebró cuatro convenios interinstitucionales de cooperación con instituciones educativas no oficiales para ampliar la cobertura educativa, sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Uno de esos convenios se suscribió con la sociedad Instituto Educativo Malcom X, establecimiento que estaba inhabilitado para celebrar contratos con el municipio, pues, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, su propietario desempeñaba el cargo de Jefe del Departamento de Aseo de la misma entidad territorial.

Al proferir la decisión la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, indicó que la irregularidad del ex Alcalde se produjo por inobservancia del cuidado necesario, “al no revisar con cautela si los establecimientos educativos que aspiraban a mejorar la calidad educativa del municipio tenían la idoneidad para cumplir con esta misión”.

Así mismo, reprochó que el señor Quiñónez García hubiera celebrado un convenio con una persona incursa en causal de inhabilidad, ya que el contratista, representante legal del Instituto Cooperativo Malcom X, era a la vez servidor público.

Frente a la conducta del señor Erlindo Riascos Riascos, quien para la época de los hechos ocupó la Jefatura del Departamento de Aseo de Buenaventura, el Ministerio Público concluyó que incurrió en falta disciplinaria porque quedó demostrada su participación efectiva para obtener, a través de interpuesta persona, la suscripción del convenio educativo.

Al proferir la decisión, el órgano de control advirtió que contra la misma procede el recurso de apelación ante el despacho del Procurador General de la Nación.