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Confirman suspensión provisional a Gobernador de Putumayo

 


Bogotá, 11 de noviembre de 2009. La Procuraduría General de la Nación confirmó la medida de suspensión provisional al actual Gobernador del Departamento de Putumayo, Felipe Alonso Guzmán Mendoza, por el término de tres meses sin derecho a remuneración, ordenada mediante decisión del 14 de octubre de 2009.

Así lo indicó la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación al resolver la consulta elevada ante esta instancia para determinar la procedencia de la medida e indicó que la decisión reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que resulta ajustada al marco legal.

El Gobernador Guzmán Mendoza debe responder por la presunta adjudicación ilegal de viáticos y comisiones de servicio.

Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, el disciplinable pudo incurrir en irregularidades administrativas que causaron detrimento patrimonial al ente territorial, al cobrar viáticos por valor de 5 millones 584 mil 330 pesos, para adelantar gestiones públicas en diferentes entidades, cuando, al parecer, atendía asuntos personales relacionados con el programa de especialización que estaba cursando.

Las certificaciones que hacen parte del proceso registran que de enero hasta abril de 2009 por concepto de gastos de viaje y viáticos el Gobernador recibió 22 millones 239 mil 400 pesos, lo cual, a juicio del órgano de control, podría configurar otro detrimento patrimonial.

Así mismo, por haber adelantado un programa de Posgrado en Bogotá, sin haber solicitado el permiso legal correspondiente ante el Presidente de la República o el Ministerio del Interior y de Justicia.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría precisó que la medida de suspensión provisional se adopta sobre la existencia de serios elementos de juicio para prever que la permanencia en el cargo del investigado permitiría la continuación o reiteración de la falta disciplinaria.

Sin embargo, enfatizó que esta valoración no puede estar condicionada a la certeza de la existencia de la falta disciplinaria, pues el proceso está en marcha, no se ha agotado, y se mantiene la presunción de inocencia.