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Procuraduría cuestiona avalúos en procesos de expropiación con INCO

 

Bogotá, 22 de octubre de 2009. Por considerar que las decisiones judiciales de la Juez Segunda Civil del Circuito de Buga, de fecha 16 de marzo y 6 de julio, proferidas en un proceso de expropiación, vulneran el orden jurídico y el patrimonio del Estado, la Procuraduría General de la Nación formuló acción de tutela en contra de esas decisiones ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en la misma ciudad.

Los hechos se refieren al proceso de expropiación del Instituto Nacional de Concesiones –INCO- contra Ángel Jaime Grajales Santa y Cruz Helena Patiño de Grajales, sobre un bien inmueble donde funciona el establecimiento Hotel Complejo Parador Turístico de Buga.

A juicio de la Procuraduría no existe justificación para ordenar una indemnización por valor de 17 mil 422 millones de pesos, cuando en la diligencia de enajenación voluntaria, la Lonja de Propiedad Raíz del Valle del Cauca valoró el inmueble por la suma de 2 mil 101 millones 585 mil 530 pesos con sus mejoras y construcciones.

En su opinión, la juez accionada incurrió en vías de hecho al proferir sin motivación ni notificación razonables, los autos de 16 de marzo de 2009, que acogió como definitivo el dictamen pericial presentado por Jorge Enrique Posada Salazar por valor de 17 mil 422 millones 776 mil 985 pesos, y de 6 de julio de 2009.

El Ministerio Público precisó que la decisión judicial incluyó insólitos factores como Good Will, know how y marca del establecimiento comercial, “como si el Estado pretendiera adquirir también el establecimiento de comercio que funciona dentro del inmueble, lucro cesante futuro como si los demandados jamás pudieran ejercer actividad comercial alguna, conducta con la cual lo que terminó estructurando un verdadero enriquecimiento torticero, que atenta de manera ostensible contra el patrimonio público, dada la astronómica y escandalosa indemnización aprobada.”

Al interponer la Acción de Tutela, el Procurador Delegado para Asuntos Civiles, Edgar Sanabria Melo, indicó que al apreciar la prueba pericial y acoger la indemnización sobre un bien inmueble que no se ha entregado y que tenía por finalidad una obra pública de interés para la comunidad “se desconoció la palmaria realidad probatoria, se omitió el examen crítico sobre el caudal demostrativo en su conjunto”, con lo que se menoscaba ostensiblemente el derecho fundamental al debido proceso.

Refirió que el Agente del Ministerio Público en distintos escritos debidamente fundamentados, puso de presente al Juzgado los motivos y razones que mostraban los desfases exorbitantes contenidos en los avalúos rendidos en el curso del proceso, sin que sobre ellos se hiciera ninguna consideración.

Con esta solicitud el Ministerio Público busca que se dejen sin valor las providencias constitutivas de las vías de hecho y se disponga que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, dicte una providencia en derecho que valore el bien en sus construcciones y lucro cesante, conciliando los intereses de la comunidad y de los propietarios afectados, salvaguardando el orden jurídico y el patrimonio del Estado.