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Procurador solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la exclusión de beneficios en delitos asociados a terrorismo

 

Bogotá, 16 de octubre de 2009. La decisión legislativa de establecer una política criminal más severa para ciertos delitos, considerados como fuertemente corrosivos, hace parte de las atribuciones reconocidas por la Constitución al Congreso de la República, así lo dio a conocer el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en un concepto presentado ante la Corte Constitucional.

El Jefe del Ministerio Público solicitó a la Alta Corte que declare ajustado a la Constitución Política el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, que establece la exclusión de beneficios y subrogados, así como de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, cuando se trate de delitos asociados con el terrorismo, secuestro extorsivo y conexos.

Recordó que la Corte Constitucional en diferentes ocasiones se ha pronunciado sobre el tema, manifestando que estas medidas no comprometen el bloque de constitucionalidad ni los derechos fundamentales al debido proceso ni la función resocializadora del derecho penal.

A juicio del Procurador la decisión legislativa de imponer penas gravosas para los delitos con mayor capacidad de atentar contra bienes jurídicos y derechos fundamentales, resulta razonable y proporcional al fin legítimo del Estado de intentar disuadir la voluntad de los ciudadanos para que desistan del propósito de cometer esta clase de delitos.

Enfatizó que el legislador bajo el cumplimiento de los fines del Estado, como promover la convivencia y un orden social justo, debe reprimir con mayor dureza aquellos delitos con los que se ha comprometido a nivel internacional, en razón a su gran capacidad para vulnerar bienes jurídicos y derechos fundamentales.

Consideró que con la agravación de penas no se vulnera el derecho de los niños y niñas, de quienes cometen este tipo de delitos, a tener una familia y no ser separados de ella.

Para el Procurador la protección de la infancia recoge un cúmulo de derechos y responsabilidades compartidas entre la sociedad, la familia y el Estado, por lo que no es de recibo constitucional, que quienes ofenden a la sociedad con delitos de gran magnitud, reclamen la protección de aquellos derechos que arrebatan a otros.