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Procurador solicita se declare exequible la regulación de los macroproyectos de interés social nacional

 

Bogotá, 16 de octubre de 2009. La regulación de los macroproyectos de interés social nacional, en los términos del artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, no desconoce la autonomía de las autoridades territoriales, así lo conceptuó el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al solicitar a la Corte Constitucional que declare su constitucionalidad.

Para el Procurador, la regulación de estos proyectos, no vulnera la autonomía territorial y, por el contrario, reafirma este concepto constitucional, en cuanto el legislador recurre a la concertación con las entidades territoriales para cumplir a cabalidad los objetivos propuestos.

La medida contenida en la norma no constituye una anulación de la facultad constitucional de regular los usos del suelo, sino un desarrollo del principio de coordinación señalado en el artículo 288 de la Constitución Política.

Consideró que el Plan de Desarrollo es un instrumento para implementar políticas macroeconómicas, no solamente a nivel nacional sino en las demás entidades territoriales, siempre y cuando no se desconozca su autonomía.

La Procuraduría ha señalado en diversas ocasiones que el concepto de la planeación tiene una importancia singular en la Constitución Política, pues es el instrumento más eficaz para direccionar la economía nacional, con el único fin de satisfacer las necesidades colectivas.

Según el Jefe del Ministerio Público, la norma demandada obedece al desarrollo de los preceptos constitucionales que estructuran el Estado Social de Derecho, en cuanto busca la satisfacción de una necesidad colectiva como lo es, el derecho a una vivienda digna.