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Órganos de administración del Congreso son competentes para establecer manuales de funciones y requisitos laborales, dice PGN

 

Bogotá, 14 de octubre de 2009. La autonomía de la rama legislativa del poder público para autogobernarse cobija los aspectos administrativos, así lo consideró la Procuraduría General de la Nación al solicitar a la Corte Constitucional que declare exequible las expresiones contenidas en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 196 de 1995 y artículo 392 de la Ley 5 de 1992.

Las citadas normas confieren potestad a la Mesa Directiva de la Cámara y la Comisión de Administración del Senado, para definir, conjuntamente y mediante resolución, las calidades, manuales de funciones, requisitos y procedimientos administrativos, para los Asesores de las Unidades Legislativas de los Congresistas.

El Ministerio Público consideró que las autoridades administrativas del Congreso de la República tienen autonomía para reglamentar los asuntos laborales y de la planta de personal en lo que no compete a la Constitución y a la Ley.

En concepto de la Procuraduría, frente a la definición de las calidades para ser asesor, a los órganos de administración de las cámaras legislativas les corresponde reglamentar dicha definición porque no es un asunto de competencia legal exclusiva, lo que se explica con base en la dinámica de las necesidades de la administración en materia de perfiles laborales, lo cual demanda ajustes y actualizaciones permanentes.

Así mismo, en relación con el establecimiento, mediante reglamentación, de las funciones y los requisitos de los cargos en el Congreso de la República, resaltó que es una competencia de carácter permanente en cabeza de los órganos de administración de cada una de las Cámaras.