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Por irregularidades en la selección de comercializadora destituido ex Gerente de Licorera de Caldas



Bogotá, 13 de octubre de 2009. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al señor Carlos Arturo Feho Moncada, Gerente de la Industria Licorera de Caldas, para la época de los hechos, por seleccionar y adjudicar de manera irregular a la empresa Distribuidora La Sultana del Valle un contrato para la comercialización de productos en el Departamento del Valle.

La investigación llevó a concluir que si bien el origen de la contratación estaba enmarcado en los lineamientos del derecho privado, no se realizó un análisis a las cinco ofertas presentadas a efectos de establecer cuál era la más favorable a los intereses generales y al fin contractual.

Al proferir la decisión, la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, consideró que el doctor Feho Moncada aceptó la propuesta mercantil allegada por la empresa mencionada, sin que ésta hubiera dado cumplimiento a diferentes requerimientos planteados por el Comité de Gerencia, como el aportar los estados financieros y contables actualizados y que no valoró aspectos como su reconocida solvencia moral y económica, lo que se evaluó en forma posterior a su aceptación.

La Procuraduría señaló que si bien, la Industria Licorera de Caldas está sometida a un régimen contractual excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, debió aplicar los principios de la función administrativa, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los de igualdad, moralidad e imparcialidad.

En concepto del órgano de control, la selección efectuada por el entonces Gerente anuló la posibilidad a la empresa de realizar de manera eficaz un cotejo de ofertas y un verdadero análisis en aspectos técnicos, comerciales económicos y financieros, entre varias opciones propuestas, “aspecto que hubiera redundado en la salud y educación de la comunidad manizalita, destino final de los recursos captados de la comercialización de sus productos.”

El Ministerio Público calificó definitivamente la falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima y advirtió que contra el fallo procede el recurso de apelación ante el Procurador General de la Nación.