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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a dos militares por tortura y homicidio en la vereda El Filo del municipio de Matanza (Santander)

Bogotá, 7 de octubre de 2009. El teniente Fabián Pérez Agustín y el cabo Jhomer Gabriel León adscritos a la compañía Ballesta 2, del Batallón de Infantería nro. 14 “Antonio Ricaurte” del Ejército Nacional, fueron sancionados en primera instancia con destitución e inhabilidad por 20 años como presuntos responsables de la tortura de dos campesinos de la región y de la muerte de uno de ellos.

Los hechos que dieron lugar a la sanción ocurrieron el 22 de mayo de 2005, en el sector Santa Cruz de la Colina de la vereda El Filo del municipio de Matanza (Santander), cuando miembros del Ejército, después de retener ilegalmente y de torturar a los campesinos Joaquín Tarazona Bayona y Harold Yesid Guerrero Ortiz, ocasionaron la muerte del primero de ellos.

De acuerdo con las versiones de los militares implicados, el deceso se produjo en desarrollo de la operación Caracol contra miembros del EPL, durante la cual fueron incautadas minas antipersona, cartuchos, una pistola calibre 6.35 mm y una granada de mano IM26.

Sin embargo, las pesquisas adelantadas por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos permitieron establecer que se trató de la retención ilegal de dos campesinos, la tortura de los mismos y la posterior ejecución extrajudicial de uno de ellos, Joaquín Tarazona Bayona. Además, la escena del crimen fue alterada con el claro fin de obstaculizar la investigación y el campesino superviviente, Haroldo Yesid Guerrero Ortiz, fue privado ilegalmente de la libertad aduciendo para ello situación de flagrancia.

Entre las inconsistencias encontradas por los investigadores, se encuentran las contradicciones sobre el gasto de munición reportado en la respectiva acta, pues mientras el Sargento Segundo Carlos Francisco Rivas, en versión ante la Procuraduría, manifestó que no estuvo presente en el lugar de los hechos, en el acta de gasto de munición aparece él y ocho soldados de su grupo, relacionados como personal que disparó y la firma que estampó en la diligencia ante el Ministerio Público no es igual a la de la mencionada acta.

También resultan contrarios a la versión de los militares involucrados, los testimonios de habitantes de la región y de familiares del occiso, el hecho de que durante el supuesto ataque el teniente Pérez Agustín no disparó un solo cartucho y el resultado negativo de la prueba de absorción atómica (residuos de disparo) para ambas manos del cadáver.

Dada la gravedad de los hechos y que dentro del proceso las pruebas testimoniales y técnicas demostraron que los miembros del Ejército mencionados no reaccionaron a un ataque sino que le dieron muerte de manera arbitraria a un campesino, y ejecutaron actos que configuran comportamientos dolosos, encaminados a ocultar la irregularidad, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos impuso la máxima sanción disciplinaria, frente a la cual procede la segunda instancia.