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Por solicitud de la PGN, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle, revoca decisión en caso de CISA

 

Bogotá, 5 de octubre de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle revocar la decisión proferida por el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali, que, al resolver una acción de grupo, ordenó al Departamento del Valle disponer los mecanismos apropiados para el cumplimiento de un laudo arbitral promovido por la empresa Concesionaria de Infraestructura S. A. CISA.

El Procurador 18 Judicial II Delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Pedro Emilio Montes Sánchez, consideró que como la acción popular se propuso por la presunta vulneración al derecho colectivo de la Moralidad Publica y la Defensa del Patrimonio Público, no existe razón para que mediante este mecanismo legal se declare responsable al ente accionado, el Departamento del Valle.

Explicó que la acción se originó en el no cumplimiento de la obligación contenida en una sentencia de laudo arbitral, que por sus efectos y estando debidamente ejecutoriada, comporta cosa juzgada, lo cual conlleva para su cobro a una acción ejecutiva que debe ser propuesta por el dueño del título.

La Procuraduría señaló que no se encuentra demostrada la vulneración de los derechos colectivos referidos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, pues no se evidencia que la actuación de la entidad, contra quien se dirige la acción, contradiga el interés de la colectividad y el desarrollo de los fines de la gestión territorial.

Anotó el Ministerio Público que si la valoración subjetiva de la prueba realizada por el juez de la primera instancia le llevó a declarar que había mérito para amparar la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, era de rigor como obligación de hacer, definir qué conductas debería seguir la administración en busca de la protección de ese derecho colectivo amenazado o infringido o qué gestiones debía atender para prevenir que ello no volviera a ocurrir.

Indicó que lo que no podía era ordenarle al Gobernador del Departamento, liquidar y pagar lo adeudado respecto a la obligación contenida en el laudo arbitral de abril 24 de 2003, pues, al disponerlo así, desnaturalizó el carácter de protección de un derecho colectivo al materializarlo en beneficio del interés de un particular, la CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA S. A. CISA., por un valor superior a los 26 mil millones de pesos.

La tesis propuesta por la Procuraduría General de la Nación fue acogida íntegramente y el Tribunal Contencioso Administrativo revocó el fallo condenatorio proferido contra el ente territorial.