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Por asignación irregular de bienes PGN destituye a ex subgerente de Incoder

Bogotá, 5 de octubre de 2009. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 12 años, al señor Omar de Jesús Quessep Feria, en su calidad de Subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad de INCODER, por irregularidades en la asignación de tierras a cargo del Instituto.

Haciendo uso del poder preferente, la Procuraduría adelantó la investigación disciplinaria para establecer su responsabilidad en la conducta de influir en otro servidor, valiéndose de su jerarquía y posición, para conseguir una decisión que benefició a terceros.

De acuerdo con la investigación, en el año 2005 el señor Quessep Feria, basado en un concepto de un profesional externo a la entidad, dio instrucciones a los funcionarios del Grupo Técnico Territorial de La Dorada, Caldas, para que realizaran nuevas inscripciones de posibles adjudicatarios del predio denominado Tierra Grata, sin tener en cuenta que ya se había efectuado la selección de 140 beneficiarios, de un total de 1591 personas, con quienes se celebró contrato de asignación provisional.

Según las pruebas, no obstante haberse un cumplido un proceso de convocatoria democrático y participativo, el señor Quessep Feria hizo incluir a un grupo de 50 personas más, de las cuales finalmente 24 resultaron beneficias, mientras que de las 1591 que surtieron el trámite inicial solo 13 fueron favorecidas.

El Ministerio Público reprochó que se hubiera reorientado de manera irregular la selección posterior de nuevos beneficiarios para favorecer a un determinado número de personas que no participaron del proceso inicial de adjudicación, y se hubiera burlado la expectativa de otras que ya habían sido escogidas como beneficiarias.

De igual manera, con la decisión se desconoció un proceso en el cual el Estado había invertido recursos en el proceso de selección y formación de los posibles adjudicatarios.

Al proferir el fallo de primera instancia, la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Alba Cristina Gruesso Sánchez, calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo.

Advirtió que contra la decisión procede el recurso de apelación.