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Destituido ex funcionario del Incoder por irregularidades en predios para reforma agraria

Bogotá, 2 de octubre de 2009. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor Yamil Said Hamid, quien durante su desempeño como profesional especializado e ingeniero agrónomo de la oficina de Enlace Territorial Nro. 1 de Incoder, incurrió en irregularidades relacionadas con la adquisición de dos predios, por parte de este Instituto, para adelantar programas de reforma agraria.

Se trata de los predios denominados San Rafael y El Chimborazo, ubicados en el municipio de Aracataca (Magdalena), los cuales no tienen suficiente y permanente disponibilidad de agua, no cuenta con vías internas adecuadas para transportar los productos y el proyecto productivo que se pretendió desarrollar en un principio, ni el actual, de ninguna manera garantizan su competitividad, equidad y sostenibilidad”.

El ingeniero agrónomo emitió un concepto positivo sobre la aptitud de los aludidos predios para adelantar los referidos programas, pese a que éstos no cumplían con los requisitos establecidos en las normas dispuestas para ello, lo que conllevó a su adquisición por un valor superior a los $429 millones y a su adjudicación a 30 familias de desplazados con el correspondiente otorgamiento del subsidio integral y el contrato de operación y funcionamiento del proyecto productivo.

Adicionalmente se estableció que después de dos años el proyecto no se ha podido desarrollar, por carecer de las condiciones de viabilidad técnica, económica y social.

Para el Ministerio Público es claro que el concepto emitido por el ingeniero Said Hamid fue fundamental para que el jefe de la Oficina de Enlace Territorial Nro. 1 de Incoder adquiriera ese predio, sin que cumpliera con los requisitos para adelantar programas de reforma agraria, “contribuyendo con ello a que se celebrara un contrato estatal sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas por la normatividad vigente, en la medida en que no podía destinarse para tal fin, pues no lo han podido explotar adecuadamente sus adjudicatarios por todas las limitaciones de suelo, topografía, deficiencia de agua y vías”.

Esta situación generó además un incremento injustificado del patrimonio de los vendedores de estos predios a quienes se les pagó más de 429 millones de pesos, concluyó el Ministerio Público.

Dentro de la investigación adelantada se encontró que adicionalmente a los problemas del predio, las familias que fueron beneficiadas con estos terrenos, no han recibido las ayudas institucionales que se requiere en estos casos de desplazamiento y además, algunas de éstas fueron reubicadas en otro predio pero les siguen incumpliendo con las ayudas respectivas. Por ello, se compulsaron copias a la Procuraduría Regional del Magdalena para que inicie las investigaciones a que haya lugar por estos hechos.

Finalmente, en el fallo de primera instancia se advirtió al disciplinable que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante el despacho del señor Procurador General de la Nación.