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Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia emitir concepto favorable de extradición de William Suárez Suárez

 

Bogotá, 28 de septiembre de 2009. La Procuraduría General de la Nación emitió concepto favorable ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, frente a la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para la extradición del ciudadano colombiano William Suárez Suárez, por el delito de lavado de dinero.

El señor Suárez Suárez, conocido como uno de los principales socios de la intervenida firma DMG, fue requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para que responda en juicio por delitos federales de Concierto para cometer Lavado de Dinero.

Al presentar su concepto el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, señaló que se cumplen los requisitos exigidos por la Ley y los tratados internacionales para que se conceda la extradición del señor William Suárez Suárez.

Para el Ministerio Público los hechos que motivaron la solicitud de extradición trascendieron la frontera nacional en virtud a que Suárez Suárez, junto con otros integrantes de la organización DMG liderada por David Murcia Guzmán, transfirieron electrónicamente más de 2.2 millones de dólares a una cuenta de Merrill Lynch ubicada en Miami, Florida a nombre de Blackstone International Development, controlada por ellos.

Con las ganancias de la operación los acusados adquirieron numerosas propiedades inmuebles en los Estados Unidos,”lavando de esta manera aún más dichas ganancias”, precisó el Procurador Delegado.

Según la Procuraduría en razón a que en nuestro país aún no se ha proferido sentencia condenatoria en firme contra William Suárez Suárez, el principio del non bis in idem, no representa una causa para impedir que prospere el pedido de extradición.

Al emitir su concepto la Procuraduría indicó que es necesario que el Gobierno Nacional al decidir sobre la extradición del señor Suárez Suárez tenga en cuenta el proceso penal seguido en Colombia respecto a la reparación de las personas afectadas en su patrimonio, “toda vez que de autorizarse la extradición sin que se haya agotado el aludido trámite procesal, comportaría una grave afectación a los derechos de las víctimas, quienes verían truncadas sus aspiraciones a obtener una reparación por los perjuicios causados.”