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Corte Suprema de Justicia condenó a ex gobernador de Putumayo

 

Bogotá, 24 de septiembre de 2009. Acogiendo el concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador del departamento de Putumayo, Jorge Fuerbringer Bermeo, como responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento público.

En su decisión la Corte Suprema de Justicia impuso como sanción la pena de prisión de seis años un mes y quince días, multa de 19 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 1995 e inhabilitación de derechos y funciones públicas durante dos años.

Así mismo, reiteró las órdenes de captura impartidas a las autoridades de Policía Judicial colombianas y pidió al Ministerio del Interior y de Justicia que se solicite su extradición conforme al Tratado vigente entre la República de Colombia y la República de Méjico.

En su momento la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada para la Contratación Estatal adelantó proceso disciplinario en contra del señor Fuerbringer Bermeo que culminó con sanción de destitución y ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la nación, al advertir conductas de connotación penal.

Los hechos investigados se refieren a la suscripción del contrato 034 con la empresa ECM Impresores Ltda., por la suma de 29 millones 700 mil pesos con el objeto de imprimir y publicar 1000 libros referentes al Plan de Desarrollo, 2000 revistas de gestión de gobierno y 5000 afiches de sensibilización del Plan de Desarrollo.

El Ministerio Público reprochó la omisión de cumplir con los requisitos legales exigidos para la contratación directa, correspondientes a los principios que orientan dicha actividad.

Específicamente eludió la invitación de potenciales oferentes que pudieran cumplir el objeto, no aportó cotizaciones de otros proveedores y falsificó los documentos que se presentaron para perfeccionar el contrato.

La Procuraduría demostró la condición de determinador del acusado en el delito de falsedad documental, por cuanto las pruebas indican que sus subordinados administrativamente cumplieron las órdenes que les impartió como el pago del anticipo por 14 millones de pesos, a favor del Tesorero y no del contratista, así como la delegación que hizo al entonces Secretario de Hacienda, Jesús Fernando Checa, para la suscripción del convenio, encargándolo previamente de las funciones de gobernador.