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Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia emitir concepto favorable de extradición de David Murcia

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Bogotá, 22 de septiembre de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emitir concepto favorable frente al pedido de extradición del ciudadano colombiano David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos por el delito de Lavado de Activos.

El señor Murcia Guzmán, conocido como el principal directivo de la intervenida firma DMG, fue requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para que comparezca a juicio por delitos federales de Lavado de dinero.

En el alegato de conclusión la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, Nancy Yadira Muñoz Martínez, indicó que se cumplen los requisitos exigidos por la Ley y los tratados internacionales para conceder la solicitud de extradición del señor Murcia Guzmán.

Consideró que los comportamientos por los que se acusa al señor Murcia Guzmán en la resolución de acusación, constituyen delito y tienen en nuestra legislación su equivalente, por cuanto se le imputa la conducta de concertarse para cometer delitos relacionados con el lavado de activos.

El Ministerio Público indicó que en razón a que en nuestro país aún no se ha emitido fallo condenatorio con efectos de cosa juzgada contra Murcia Guzmán por los mismos hechos que motivan la extradición, el principio del non bis in idem, en cuyo caso se vería quebrantado, no representa una causa para impedir que prospere el pedido de extradición.

De otro lado y frente a los argumentos planteados por la defensa, en cuanto pretender asimilar la situación de las víctimas con las de la Ley de Justicia y Paz con el fin de impedir la extradición del requerido, en concepto de la Procuradora Delegada, no existe punto de comparación entre la naturaleza de los delitos cometidos por quienes se acogieron a esta Ley, catalogados como de lesa humanidad y aquellos por los que se acusa al señor Murcia Guzmán de índole netamente económico y social.

Según la Procuraduría los delitos por los que se procesa a Murcia Guzmán no representan una afectación directa a los derechos humanos, materia de la Ley de Justicia y Paz sino que vulneraron el orden económico y social.

Los derechos de los afectados con la operación de DMG, están encaminados a obtener la reparación pecuniaria de quienes por voluntad dispusieron de sus bienes con el ánimo de recibir irrazonables ganancias en negociaciones ilícitas, por lo que poner en pie de igualdad a las víctimas de la ley de justicia y paz resulta desproporcionado, precisó la Procuraduría.