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PGN pide sentencia absolutoria en favor del Coronel (r) Plazas Vega

Intervención del Procurador 19 Judicial Penal II en el caso

Bogotá, 17 septiembre de 2009. Durante el juicio que se adelanta en contra del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, dentro del proceso que se le lleva por los delitos de secuestro y desaparición forzada, con ocasión de los ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma del Palacio de Justicia por parte del movimiento subversivo M–19, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá que profiera sentencia absolutoria en favor del procesado.

Para la Procuraduría no existe prueba suficiente que permita establecer la responsabilidad directa del Oficial en retiro con la desaparición de ocho personas rescatadas por miembros del Ejército Nacional que fueron conducidas a la Casa del Florero y cuyo paradero aún se desconoce.

Durante su intervención el Procurador 19 Judicial Penal, Jesús Villabona Barajas, señaló que ante la fragilidad de la evidencia resulta imposible concluir que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para determinar la certeza de una decisión judicial en contra del acusado.

La Procuraduría General precisó que:

. La Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 fue amnistiada.

. La denominada “recuperación” realizada por el Ejército y la Policía fue

investigada y hubo absoluciones.

. Hoy en día se busca esclarecer la responsabilidad por la desaparición de
personas que según testimonios se encontraban en el lugar de los hechos.

Los desaparecidos

Conforme a los hechos revisados en el proceso el Ministerio Público encontró que con respecto a la denuncia por la desaparición de 13 personas, 11 han sido identificadas y de ellas, 8 se comprobó que salieron vivas del Palacio de Justicia y no aparecen.

-Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería
-Cristina del Pilar Guarín Cortés
-Bernardo Beltrán Hernández
-Lucy Amparo Oviedo Bonilla, visitante ocasional del Palacio
-Gloria Stella Lisarazo, empleada de la cafetería
-Héctor Jaime Beltrán Puentes, mesero de la cafetería
-David Suspez Celis, Chef de la cafetería
-Irma Franco Pineda, señalada como integrante del M-19

Testimonios, videos y fotografías que hacen parte del proceso establecen que este grupo de personas salió con vida del Palacio de Justicia, fue trasladado a la Casa del Florero y desapareció.

La duda, para los investigadores de la Procuraduría se presenta en relación con las siguientes personas:

-Luz Mary Portela León, empleada de la cafetería

-Gloria Isabel Anzola de Lanao, abogada litigante que parqueaba su vehículo en la edificación.

-Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles.

Esto dado que, que se registró su ingreso al Palacio de Justicia pero no está la prueba que establezca que salieron de allí con vida y que fueron conducidas a la Casa del Florero.

Análisis de las pruebas

El Agente del Ministerio Público sostuvo que de acuerdo con las pruebas la presencia del Coronel Plazas Vega, Comandante de la Escuela de Caballería en ese escenario se explica en razón de su vinculación oficial con el operativo militar, encargado de la “recuperación” del Palacio de Justicia y su interrelación con las personas liberadas y conducidas a la Casa del Florero no puede ser argumento para sostener, equivocadamente, que constituye la prueba fehaciente de que sí tuvo que ver con el manejo de rehenes y con las decisiones que se tomaron sobre la suerte final de los mismos.

Destacó que la participación de Plazas Vega estuvo orientada a proteger con sus vehículos a la tropa para ingresar al Palacio de Justicia y continuó siendo parte de la operación como apoyo.

Según la investigación, la acción física de recuperación y traslado de personas secuestradas no estuvo a cargo de los miembros de la Escuela de Caballería y las responsabilidades sobre las personas recuperadas, rescatadas y evacuadas del Palacio correspondían “al elemento conocido como B-2 o sección de inteligencia que se integraba junto con otros miembros el DAS, Policía Nacional, SIJIN o F-2, ya que el personal era evacuado a la instalación conocida como casa del Florero o Museo del 20 de Julio.”

Esta apreciación se soporta en el testimonio del General Jesús Armando Arias Cabrales al afirmar que el rol cumplido por el Coronel Plaza Vega fue el de ablandar las posiciones enemigas con sus unidades blindadas para facilitar el acceso de las tropas de tierra y que de ninguna manera se le atribuyó el manejo de rehenes una vez producido el rescate.

La declaración fue confirmada por el Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, Jefe de Inteligencia de la Brigada 13, quien refirió que la Escuela de Caballería no tenía responsabilidad en el manejo de la Casa del Florero.

Testimonios de Cargo

Frente al testimonio del Suboficial Edgar Villamizar Espinel, indicó que él mismo no se ajustó al Código de Procedimiento Penal, por cuanto no se decretó con antelación y literalmente se practicó a espaldas de las partes, lo cual resta eficacia a la garantía fundamental de la contradicción de la prueba.

Así mismo, el hecho de eludir sin motivo alguno su comparecencia a los estrados judiciales para aportar mayor información, contribuye a poner en tela de juicio la objetividad de sus afirmaciones.

Para la época de los hechos el Suboficial Villamizar Espinel se desempeñaba en la Séptima Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga y, según su versión, fue trasladado desde esa unidad vía helicoportada a la Escuela de Caballería para participar de manera activa en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia.

Consultada la hoja de vida del ex militar no aparece el registro del cumplimiento de comisión durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, lo cual desvirtúa la hipótesis de que hubiera servido como elemento militar de apoyo en el operativo.

Lo anterior fue confirmado en el proceso seguido por los mismos hechos contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, por parte del General José Ignacio Posada Duarte, quien en su condición de Comandante de la Séptima Brigada de Villavicencio para esa época, dijo que su unidad no brindó apoyo al contingente militar que enfrentaba a los alzados en armas en el operativo de recuperación del Palacio.

Por lo tanto, el Ministerio Público sostiene que “surgen muchos e insuperables vacíos en punto de las circunstancias que rodearon los hechos que presenció”, (Villamizar Espinel), “según las afirmaciones que entrego, en lagunas que tienen que ver con aspectos tan trascendentales como el número, grado e identidad de los hombres que viajaron con él, las actividades concretas que él realizó durante los dos días que duró la operación, las horas en que sucedieron cada uno de los pasajes que relata, el contexto espacial y temporal en que se emitió por PLAZAS VEGA la execrable orden que dijo haber oído”,( “cuelguen esos hijueputas”), “ las precisas secuencias temporales en que se produjo la tortura y muerte de algunos de los rehenes retenidos por los militares y la suerte que corrieron los demás rehenes que él mismo custodió y a los que también vio padecer torturas a manos de sus aprehensores y, en fin, sobre su ostensible contraposición con los demás medios de información que nutren el expediente, al punto de que su efímera y subrepticia aparición procesal, antes que luz, inundó de oscuros nubarrones el escenario procesal.”

En cuanto, al testimonio de Tirso Armando Saenz Acero, suboficial adscrito a la Escuela de Caballería y quien según su dicho condujo uno de los tanques, refiere en su exposición: “ que en la Plaza de Bolívar fueron embarcados en un tanque “urutú”, cinco o seis civiles – aunque en su última intervención habla de seis o siete-, entre ellos una mujer, los cuales fueron introducidos a su llegada a la Escuela más o menos a las seis de la tarde, en las caballerizas de esa unidad militar. Aunque no se sabe de manera directa qué pasó con ellos, por información del Cabo Pinto se enteró, según lo refiere en sus dos primeras declaraciones, que estas personas permanecieron en las caballerizas, durante unos quince días y que más o menos entre el sexto y décimo día de su llegada comenzaron a ser objeto de inclementes torturas, sucediéndose primero la muerte de una persona, la que fue enterrada en la parte posterior de la pista de pentatlón; posteriormente en una madrugada fueron sacadas dos personas más en el baúl del carro asignado al Comandante PLAZAS, las que nunca regresaron al cuartel; y que las dos restantes personas igualmente fueron torturadas y muertas, siendo sepultadas en inmediaciones del polígono de armas largas”.

En este caso señaló la Procuraduría General que la contradicción que se presentó entre lo pregonado en el pliego de cargos y en posteriores declaraciones permite concluir que “la información que transmiten estos testigos”, ( Cabo Pinto y el Suboficial Saenz), “ …apreciados en conjunto, pierdan consistencia pues si se fuera consecuente con lo por ellos afirmado, tendríamos que señalar que nos encontraríamos frente a diecisiete secuestrados, de los cuales seis fueron asesinados, por manera que el concurso con el homicidio emergería incontestable, por fuerza de esa consideración. No obstante, a pesar de que el plexo normativo instrumental prevé como principio el de la libertad probatoria (artículo 237 procesal ), se cree a estos testigos para afirmar la ocurrencia del secuestro o de la desaparición, más no para edificar el cargo de “Homicidio”. Lo cual es una inconsecuencia”.

Así mismo, estableció el Ministerio Público que “… las conversaciones en las que PLAZAS VEGA, bajo el indicativo de “Azabache 6”, alude a los conductores trasladados a la brigada y luego a la Escuela de Caballería de manera alguna, a nuestro modo de ver, apuntalan una demostración de manejo de los rehenes, en cuanto de su contenido no se coligen órdenes de interrogatorio o de tales ciudadanos sino de atención a tales personas, supeditando en todo caso a la consideración de “Arcano 5, como ya se sabe, era el coronel LUIS CARLOS SADOVNIC SANCHEZ, Jefe del Estado mayor de la brigada quien fue, como ya se dijo, quien dio la orden de trasladarlos a la Escuela de Caballería, más específicamente al área de coordinación reservada”.

Finalmente, durante la audiencia sostuvo el representante del Ministerio Público que de las pruebas recaudadas se puede colegir que el mando de la operación en general siempre estuvo centralizado, formal y materialmente hablando, en cabeza del General Jesús Armando Arias Cabrales, y que fue él, en persona, trasladando su puesto de mando hasta ese sector, quien hizo la distribución de sus unidades subordinadas, asignándoles el rol que habrían de cumplir en desarrollo de esa operación.

En lo que tiene que ver con el Coronel Plazas Vega, el mandato explícito y formal fue el de “ablandar las posiciones enemigas con sus unidades blindadas para facilitar el acceso de las tropas de tierra y permanecer expectante o en reserva frente a un nuevo requerimiento, pero en manera alguna se le atribuyó y en eso es reiterativo su comandante ARIAS CABRALES, tanto en sus declaraciones, como en su indagatoria, nada tuviera que ver con el manejo de rehenes, apenas su rescate”.

Añadió la Procuraduría que, así las cosas, estaba claramente explicada y justificada la presencia de Plazas Vega en esos escenarios, y que su interrelación con las personas que fueron liberadas y conducidas a la Casa del Florero no puede ser vista fuera de ese contexto para sostener, equivocadamente, que son prueba fehaciente de que sí tuvo que ver con el manejo de los rehenes y con las decisiones que se adoptaron sobre la suerte final de los mismos.