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PGN destituyó a ex alcalde de Tocancipá

Bogotá, 16 de septiembre de 2009. Por irregularidades en la actividad contractual, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó, por el término de once años, al señor Miguel Ángel Garzón Rodríguez en su condición de alcalde del municipio de Tocancipá, durante el periodo 2004 - 2007.

Los hechos se relacionan con el proceso de adquisición del terreno denominado finca Taboima, por valor de 3 mil 300 millones de pesos, para la construcción de la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial del municipio.

Al proferir la decisión de primera instancia, la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo consideró que con la compra del inmueble se desconoció el procedimiento de selección objetiva, toda vez que, el entonces alcalde, tuvo la opción de evaluar cuatro predios adicionales para la escogencia del más favorable a los intereses de la comunidad educativa.

Señaló que desde el 12 de noviembre de 2004 y antes de contar con los conceptos técnicos de los especialistas y del precio asignado por el IGAC a cada uno de los predios que estaban ofertados, el señor Garzón Rodríguez ya había manifestado al propietario del predio Taboima la decisión de adquirir ese inmueble.

Por otro lado, el Ministerio Público demostró la existencia de sobrecostos en la compra del bien, por cuanto se adquirió por la suma de 3 mil 300 millones de pesos, con base en un uso de suelo de expansión urbana que no correspondía al POT, cuando el valor real ascendía a la suma de 1848 millones 237 mil 300 pesos de acuerdo con el avalúo efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El avalúo referido fue comparado con el que practicó la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el cual determinó que el valor del predio, con base en uso de suelo de agricultura intensiva, ascendía a la suma de 1158 millones 953 mil pesos.

De acuerdo con el análisis, en el precio final de compra existe una evidente diferencia de cerca de 1500 millones de pesos frente al avalúo del IGAC y de aproximadamente 2100 millones de pesos con el la Lonja de Propiedad Raíz.

Ante el concurso de faltas disciplinarias calificadas como gravísima a título de dolo y gravísima a título de culpa gravísima, el órgano de control impuso como sanción la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por once años.

Al proferir la decisión, el Ministerio Público informó que contra la misma procede el recurso de apelación ante el Procurador General de la Nación.