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Sancionados ex funcionarios del ICA

Bogotá, 9 de septiembre de 2009. Con suspensión de dos meses en el ejercicio de su cargo, la Procuraduría General de la Nación sancionó a tres ex funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que incurrieron en irregularidades dentro del trámite de la contratación directa para la construcción de infraestructura para el laboratorio de controladores biológicos sede ICA – Cúcuta (Norte de Santander).

Nelson Eduardo Moreno y Francisco Augusto Berrío Mogollón, quienes teniendo el deber de poner a disposición de todos los oferentes las propuestas presentadas por los demás proponentes, el primero desde la ciudad de Cúcuta, y el segundo desde la seccional Bogotá mediante la autorización respectiva, no lo hicieron, incumpliendo con su deber dejar conocer a los proponentes las respectivas propuestas a fin que los participantes realizaran las observaciones pertinentes, con la omisión, infringieron el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 numerales 2º. 3º y 4º de las ley 80 de 1993.

Heynner Suárez Suárez y Francisco Augusto Berrío Mogollón, el primero de ellos en su condición de Subgerente Administrativo y Financiero del ICA era la persona encargada de dirigir el proceso y estar al tanto de lo establecido en los términos de referencia del proceso contractual y el segundo, en su calidad de Coordinador del grupo de Construcciones y mantenimiento del ICA, se encargó de elaborar los pliegos de condiciones aludidos, con la obligación de velar porque ellos fueran claros, completos y no indujeran a error a los proponentes, lo que no ocurrió, pues no existió certeza respecto al día ni a la ciudad donde debían presentarse los oferentes para conocer las demás propuestas y poder realizar las observaciones pertinentes sobre la evaluación de las mismas.

Adelantada la respectiva investigación disciplinaria, la Viceprocuraduría General de la Nación determinó la responsabilidad de los aludidos servidores públicos, razón por la que dispuso sancionarlos con suspensión en el ejercicio del cargo, la que fue convertida en salarios mínimos mensuales devengados para la época de los hechos, en consideración a que ya no se encuentran desempeñándolos en la actualidad.

El Ministerio Público advirtió que contra esta decisión disciplinaria procede el recurso de apelación ante el despacho del Procurador General de la Nación.