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Procuraduría General de la Nación solicita suspensión inmediata y definitiva de vertimientos sobre el humedal Gualí



 

Bogotá, 7 de septiembre de 2009. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, atendió la queja presentada en agosto del año en curso por los residentes que habitan en lugares aledaños al Parque Industrial San Antonio, en el municipio de Funza en Cundinamarca, afectados por olores nauseabundos producidos por un vertimiento industrial, en el Humedal Gualí.

En visita administrativa adelantada por asesores técnicos de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se observó que efectivamente sobre el humedal existe un vertimiento industrial de carácter tóxico sectorizado entre un tambre en tierra y la vía interna que atraviesan un sector del cuerpo de agua en mención, generando impactos ambientales negativos.

Así mismo se pudo evidenciar la presencia de otras actividades de carácter humano que provocan desbalance ecosistémico y homeostático en este ecosistema, dentro de las que podemos señalar los rellenos realizados dentro del humedal, la extracción de agua a través de canales para riego y otros usos, el libre pastoreo en sus rondas y en sus cuerpos de agua, así como la evidente presencia de contaminación.

Tomando en consideración lo anterior, y en aras de garantizar la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, así como la necesidad de recuperar los valores bióticos, paisajísticos e históricos de este ecosistema, el Ministerio Público, en cumplimiento de lo consagrado en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, adoptó las siguientes decisiones:

1. Recomendar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR la suspensión inmediata y definitiva de cualquier tipo de vertimientos sobre el humedal Gualì.

2. Requerir de la Corporación la delimitación física del área del Humedal Gualì.

3. Requerir de la Corporación la adopción, en forma inmediata, de las medidas de recuperación a que haya lugar en dicho ecosistema.

Para garantizar el cumplimiento de los deberes de la Corporación, el Ministerio Público agotará los mecanismos constitucionales y legales para la preservación de tan importante ecosistema.