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Confirmada destitución de ex gobernadora de San Andrés

 

Bogotá, 4 de septiembre de 2009.  Mediante fallo de segunda instancia,  la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años a la ex gobernadora del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Susanie Davis Bryan, por su responsabilidad disciplinaria en la adjudicación de una licitación en el año 2004.  

En la misma determinación, se destituyó e inhabilito por 10 años a los miembros de la Unidad Asesora de Licitaciones de la Gobernación del departamento de San Andrés: Mauricio Gallardo Archbold, en su condición de Secretario de Infraestructura y Obras Publicas de San Andrés; Carlos Alberto Ramírez Rey, en su calidad de director del Departamento de Administración de Planeación; Javier Alí Harb Peña, en su calidad de Secretario de Servicios Administrativos; Wanda Forbes James, Secretaria del Interior para la época de los hechos y Marlene Cuervo Smith, en su condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

El Ministerio Público confirmó que la licitación pública adelantada para la “remodelación del Hospital de Providencia Isla”, fue adjudicada por la ex gobernadora de San Andrés al proponente que  obtuvo 549 puntos, dejando de lado al consorcio que obtuvo 948 puntos en la evaluación y que por ende, ocupó el primer lugar, contraviniendo con su conducta la calificación establecida en el pliego de condiciones.

La señora Davis Bryan atendió las recomendaciones de la Unidad Asesora de Licitaciones de la Gobernación de San Andrés, que también incurrió en falta disciplinaria al recomendar a la ex mandataria descartar al consorcio de mayor puntaje por el presunto incumplimiento de uno de sus integrantes en la ejecución de unas obras previamente contratadas por la Gobernación “criterio que no se encontraba determinado en el pliego de condiciones como inhabilidad del proponente, rechazo o descalificación de la propuesta (..)”.
 
Señala el Ministerio Público que las conductas ya descritas vulneran los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad consagrados en la ley de contratación estatal.

Finalmente, el fallo en mención advierte que contra esta decisión proferida por la Sala Disciplinaria  no procede ningún recurso por la vía gubernativa.