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PGN abrió pliego de cargos contra ex Gobernador y ex Tesorero de Casanare

Bogotá, 1 de septiembre de 2009. Por irregularidades relacionadas con el manejo dado a los recursos provenientes de regalías petroleras, la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra el ex Gobernador de Casanare Whitman Herney Porras Pérez y contra el ex Director Técnico de Tesorería de la Gobernación Víctor Manuel Alfonso Sánchez.

Para el órgano de control tanto el ex Gobernador como el ex Director Técnico de Tesorería pudieron incurrir en falta disciplinaria al invertir un total de 63 mil millones de pesos en diferentes patrimonios autónomos para financiar negocios de particulares, sin garantizar las debidas condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad para el departamento.

Se estimó que con esta decisión se pudo generar un detrimento económico por el orden de 21 mil 72 millones 23 mil 565 pesos, recursos que no han sido devueltos a las arcas del departamento.

De acuerdo con la investigación los recursos se invirtieron así: en FIDUPETROL FIDEICOMISO UT LIKUEN (25 mil millones), FIDUAGRARIA PATRIMONIO AUTÓNOMO COSACOL S.A. (18 mil millones), FIDUAGRARIA PATRIMONIO AUTÓNOMO CHACÓN BERNAL (3 mil millones), FIDUAGRARIA FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTÓNOMO GREEN MOUNTAINE CONSULTING (10 mil millones), FIDUAGRARIA FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTÓNOMO BOGOTÁ FUSA (4 mil millones de pesos), y FIDUAGRARIA FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTÓNOMO VIADUCTO MUÑA (3 mil millones).

En concepto de la Procuraduría se incumplió lo dispuesto en la Ley 819 de 2003, que ordena a las entidades territoriales invertir sus excedentes transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la nación o en títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo.

De otra parte, el Ministerio Público vinculó dentro de la investigación a María Fernanda Zúñiga Chaux, en su condición de Presidente de FIDUAGRARIA S.A., por omitir el deber de adoptar las medidas tendientes a verificar la procedencia de los recursos invertidos para evitar que los negocios fiduciarios celebrados con estas empresas fueran utilizados como medio para la realización de operaciones no permitidas.