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Comunicado a la Opinión Pública

 

Bogotá, 27 de agosto de 2009. El Procurador General de la Nación condena y rechaza de manera enérgica la agresión de que fue víctima nuevamente el pueblo indígena Awa asentado en el departamento de Nariño y expresa su sentimiento de solidaridad para con los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada en el resguardo del Gran Rosario y para con la comunidad indígena en general.

Reclama de los autores de esta repudiable acción que constituye un total desprecio por los más elementales fundamentos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que cesen en sus actividades violentas y respeten a la población civil, especialmente a estos sectores sociales que se encuentran en situación de debilidad manifiesta y alto grado de vulnerabilidad.

Exige de las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad e integridad de las comunidades indígenas afectadas por estos hechos atroces.

Demanda de las autoridades judiciales iniciar de manera urgente las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de estas conductas que constituyen crímenes de lesa humanidad, toda vez que en el transcurso del presente año se han asesinado más de treinta integrantes de esta comunidad, incluidos niños y mujeres, lo que podría considerarse una práctica sistemática y generalizada contra este grupo étnico.

Teniendo en cuenta los hechos ocurridos, el Procurador General de la Nación en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las orientadas a proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad dispone:

1. Requerir del Ministerio del Interior y de Justicia adoptar de manera URGENTE e INMEDIATA las acciones dirigidas a implementar el plan de salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 26 de enero del año en curso, que permita garantizar la integridad étnica y cultural del pueblo Awá.

2. Requerir a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para que disponga con carácter URGENTE las medidas orientadas a brindar la atención humanitaria que requieran las familias de las víctimas y los integrantes de la comunidad que puedan resultar afectados por un eventual desplazamiento forzado derivado de los hechos ocurridos.

3. Solicitar al Ministerio de la Defensa Nacional adelantar las operaciones necesarias para garantizar la seguridad y protección de la comunidad Awá, bajo la plena observancia de las normas que regulan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

4. Demandar de la Fiscalía General de la Nación, iniciar de manera inmediata a través de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, las investigaciones penales pertinentes.

5. Solicitar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que adopte las medidas necesarias para brindar la atención a los menores y familias afectados con la ocurrencia de los hechos.

6. Ordenar a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que avoque el conocimiento de estos hechos con el fin de establecer la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar y a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, que designe agentes especiales para que intervengan en las investigaciones penales que se adelanten en relación con este asunto.

 

firma-procurador
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación