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Por presunta violación de Derechos Humanos PGN abrió pliego de cargos contra integrantes de la Policía en Bogotá

 


Bogotá, 11 de agosto de 2009. Seis miembros de la Policía Nacional adscritos a la Estación XVIII “Rafael Uribe Uribe” de Bogotá, deberán responder por presuntas irregularidades en los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en los que resultaron quemados dos menores de edad, un joven y un adulto, retenidos en esa Unidad de Policía.

El Ministerio Público consideró que el Subintendente Anatolio Martínez Martínez, en su condición de Comandante de Guardia de la Estación, el Subintendente Jorge Eliécer Hernández Suárez y el Patrullero César Andrés Hernández Suárez, pudieron incurrir en violación de derechos humanos por la retención injustificada de los menores Jonatan Extic Cuellar y Oscar Eduardo Beltrán Quevedo y del joven Víctor Guillermo Navarro Cortés, la noche del 8 de febrero de 2009.

De otra parte, la Procuraduría busca determinar si el Subintendente Anatolio Martínez Martínez, el Patrullero Omar Alfredo Cervantes Florez y los Auxiliares de Policía Jair Armando Melo Capador y Diego Alejandro Medina, infringieron sus deberes como servidores del Estado por la violación del derecho fundamental a la integridad personal de las víctimas concretada en la presunta tortura de los dos menores de edad y del joven Navarro Cortés, en hechos que ocurrieron en la madrugada del 9 de febrero.

Igualmente, el órgano de control investiga la responsabilidad que pudieron tener el Subintendente Martínez Martínez y el Patrullero Omar Alfredo Cervantes Flórez, con ocasión de la afectación de los derechos fundamentales del señor Wilson Daniel Palacios Valbuena, persona que ingresó a la Estación de Policía Rafael Uribe Uribe, en calidad de retenido transitoriamente y durante su permanencia en la celda resultó herido por quemaduras con fuego.

De acuerdo con las pruebas, las lesiones que padecieron los menores Jhonatan Ricaurte Cuellar, Oscar Eduardo Beltrán Quevedo y el joven Víctor Guillermo Navarro Cortés, habrían sido consecuencia directa del señalamiento que los policiales les hicieron como responsables de las quemaduras sufridas por el señor Palacios Valbuena, al interior de la celda, para presionarlos a que confesaran su autoría y como mecanismo de “castigo”.

El órgano de control refirió que la conducta de los servidores de la Policía Nacional, reviste mayor gravedad si se tiene en cuenta que los jóvenes, al parecer, fueron previamente golpeados por los policiales y luego los menores de edad fueron atados con esposas a la reja de la celda, lo cual denota que se hallaban en absoluta condición de indefensión frente a sus victimarios al momento de sufrir las delicadas lesiones.

De igual forma, se indicó que merece consideración especial el hecho que los policiales no llamaron una ambulancia para asegurar el traslado inmediato de los afectados a un centro de salud ni dieron aviso a sus familiares sino que se limitaron a requerir por radio la presencia de su superior y despachar al joven Víctor Guillermo Navarro y al adulto Wilson Daniel Palacios para su casa como si nada hubiera pasado.

La decisión advierte que una vez se notifiquen los disciplinados y sus apoderados se correrá el término de diez días para que se presenten descargos y se aporten o soliciten las pruebas pertinentes.

Conciliación Extrajudicial

Con la mediación de la Procuraduría General de la Nación el pasado 4 de agosto se suscribió Acta de Conciliación Extrajudicial, con el propósito de poner fin a las diferencias suscitadas en relación con la falla en el servicio de policía en el que el menor Oscar Eduardo Beltrán Quevedo resultó víctima de daños morales y fisiológicos.

Las partes acordaron la suma de 570 salarios mínimos legales vigentes por los perjuicios de orden moral y fisiológico causados a la víctima y sus familiares padres y dos hermanos, durante su detención en la mencionada estación policial, por miembros de la institución quienes luego de someterlo a maltrato psicológico le rociaron gasolina propinándole delicadas quemaduras en su cuerpo.

La acción de la Procuraduría permitió solucionar amigablemente el conflicto con lo cual se reconocieron las ventajas de la conciliación extrajudicial como mecanismo que evita demoras en el litigio judicial y costos en detrimento del erario público.