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Procurador solicita declarar inexequibilidad diferida del Decreto que regula la Carrera Administrativa en la Registraduría

 

Bogotá, 10 de agosto de 2009.  El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado solicitó a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad diferida del Decreto Ley  1014 de 2000, por el cual se dictaron normas del régimen específico de carrera administrativa en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En concepto del Procurador, el Decreto 1014 de 2000 no se ajusta a la Constitución por cuanto la consagración constitucional de un régimen especial para la Registraduría, hace necesaria la intervención del legislador para regular la materia, pues no es lo mismo, la existencia de un régimen de carrera de origen legal, como el desarrollado en la norma demandada, que el alcance de un régimen especial de naturaleza constitucional.

Para la Procuraduría, el Decreto 1014 de 2000 se profirió bajo la vigencia de otra normativa y, con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2003, sus directrices no se ajustan a los lineamientos trazados por el nuevo artículo 266 de la Constitución Política.

No obstante la evidente inconstitucionalidad del Decreto referido, el Ministerio Público consideró que la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere contar con una herramienta que permita el desarrollo normal de sus funciones, por tanto y acorde con la inexequibilidad diferida o temporal, la norma debe permanecer en el ordenamiento jurídico hasta que el Congreso de la República, en un término prudencial, expida una normativa que se ajuste e los requerimientos del artículo 15 del Acto Legislativo 1 de 2003.

Por lo anterior, el Jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad diferida, durante el tiempo que considere prudente y necesario, “en razón a que la decisión de expulsarlo inmediatamente del ordenamiento jurídico podría generar traumatismos en la aplicación de las normas de carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el desconocimiento de disposiciones constitucionales, ante la ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia en la vinculación y permanencia de sus servidores públicos”.