409-09

PGN reintegró a Gobernador del Putumayo

Bogotá, 3 de agosto de 2009.La procuraduría General de la Nación dentro del trámite propio de sus competencias y en virtud de la consulta realizada a la decisión de fecha de 9 de julo de 2009 que suspendió provisionalmente en el ejercicio del cargo al Gobernador del Departamento del Putumayo Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, ordenó revocar la medida al considerar que no se reúnen los requisitos para que proceda la suspensión provisional.

Al resolver la consulta sobre la suspensión provisional ordenada por la Delegada para la Moralidad Pública, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría señaló que, independientemente del curso de la investigación que se sigue contra el Mandatario Seccional, la determinación de separarlo del cargo provisionalmente no cumple con las condiciones, requisitos y garantías formales consagrados en la normatividad vigente, artículo 157 de la ley 734 de 2002.

Según la Sala Disciplinaria, la conclusión de un posible favorecimiento reiterado hacía la Unión Temporal Las Cajas, no se puede fundar en quejas que se hayan recibido en el órgano de control, como quiera que este instrumento debe comprobarse a través de los medios de prueba establecidos en el derecho disciplinario y que serán objeto de verificación dentro de la investigación.

Consideró que se incurrió en un error de apreciación ya que se pudo demostrar, con pruebas allegadas con el memorial de alegatos, presentado ante la Sala, que el contrato 025 de 2009, que originó la medida de suspensión, no se suscribió con el propósito de reiterar la conducta para favorecer a la Unión Temporal Las Cajas, sino en cumplimiento de una orden judicial.

En efecto, mediante sentencia de tutela proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa, promovida por el Defensor del Pueblo, se amparó el derecho fundamental a la educación de la población infantil de niños y niñas de poblaciones campesinas indígenas del departamento del Putumayo y ordenó que en el término de 20 días de dispusiera lo necesario para continuar prestando el servicio público de educación.