406-09

 

Retos de la nueva ley de protección de las personas con discapacidad mental

 

Bogotá,  3 de agosto de 2009. A través de un foro, la Procuraduría General de la Nación  y la Universidad del Rosario presentaron al país un análisis de la nueva Ley de protección a las personas con discapacidad mental y su impacto en el ordenamiento jurídico colombiano.

Esta normatividad partió de una iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, por un proyecto de ley radicado el primero de agosto de 2007.

Su objetivo es “la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad y la rehabilitación y el bienestar del afectado, a través del ejercicio de las guardas, de las consejerías y de los sistemas de administración patrimonial.
 
Esta ley procura modernizar las normas de protección de individuos con discapacidad mental y adaptarlas a la Carta Política vigente y a las diversas convenciones internacionales sobre personas con discapacidad a las que Colombia ha adoptado, pero especialmente para lograr que la sociedad cumpla con su función de proteger e incluir a todos los sujetos de Derecho como corresponde a una Nación moderna organizada como Estado Social de Derecho.

La Ley 1306 de 2009 derogó 235 artículos del Código Civil y se modificaron unas reglas puntuales sobre procedimiento.

El cambio más relevante desde esta perspectiva, es el modo de abordar jurídicamente el tema de la discapacidad mental. “Se sustituye el término demente por la expresión persona con discapacidad mental con lo cual se pone en evidencia que para el ordenamiento jurídico quien padezca una discapacidad mental es persona y ha de ser tratada como tal”.

Bajo esta nueva legislación, se explicitan los derechos, las medidas de protección así como las garantías de las que gozan las personas con discapacidad mental absoluta y de las personas con discapacidad mental relativa.

En ese sentido, se reglamentaron los requisitos y funciones de los “guardadores”, es decir de las personas que tiene a su cargo el cuidado de la persona y la administración de los bienes de quienes padecen alguno de los tipos de discapacidad contemplados en la ley.

La promulgación de esta ley representa un gran avance para el país, pues se trata de una legislación moderna que brinda una protección integral a las personas con discapacidad mental.

Por su parte, el Ministerio Público, en cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, “ejercerá una vigilancia y control  de las actuaciones públicas relacionadas con todos aquellos que tienen a su cargo personas con discapacidad mental”.