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PGN destituye a Suboficial del Ejército por haber sostenido vínculos de colaboración con las Autodefensas

 

Bogotá, 27 de julio de 2009. La Procuraduría General de la Nación sancionó con Separación Absoluta de las Fuerzas Militares, inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por quince años y pérdida del derecho a concurrir a las sedes sociales y sitios de recreación de las Fuerzas Militares, al Sargento Viceprimero Jaime Marín Murillo, por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia.

De acuerdo con la investigación, el suboficial sostuvo nexos de colaboración con miembros del Bloque Tolima del grupo armado ilegal conocido como Autodefensas Unidas de Colombia de quienes recibía sumas de dinero a cambio de proveerles munición de uso privativo castrense, suministrarles información reservada y medios de seguridad o escolta pare el ejercicio de conductas ilícitas.

La investigación que estuvo a cargo de una comisión especial conformada por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, pudo comprobar que el Sargento Marín divulgó a personas ajenas a la institución castrense información reservada que podía poner en riesgo el éxito de actividades operacionales.

En la investigación se tuvieron en cuenta, entre otros, los testimonios de una informante, que fue utilizada por el Suboficial Jaime Marín Murillo, alias Fabián Babú, para trasladar información al comandante y segundo comandante de las AUC –Bloque Tolima-, así como el de un ex soldado que refirió que junto con el Sargento Marín escoltaban en motocicletas oficiales a un narcotraficante del citado grupo ilegal, labor por la que recibía una contraprestación económica, Igualmente se analizó la declaración de un ex miliciano de las AUC, quien ratificó que Fabián Babú hacía parte de la nómina de la organización armada ilegal.

La Comisión Especial concluyó que resulta creíble el testimonio de la informante “toda vez que contiene una descripción minuciosa de varios eventos de entrega de información reservada, así como de lugares y personas, cuyo orden y precisión revelan que provinieron necesariamente de vivencias experimentadas por la declarante y no de una invención orientada a causar perjuicio al disciplinado”.

En opinión del órgano de control “la conducta descrita constituyó una violación sustancial e ilícita de deberes porque al ser función del Sargento Segundo, hoy Viceprimero, el recolectar información de contrainteligencia para desarticular organizaciones armadas ilegales, no le era dable propiciar que ésta saliera del ámbito de conocimiento exclusivo de los militares o de los funcionarios judiciales comprometidos en ellas “y menos aún que se diera la posibilidad de que los grupos que se combatían pudieran acceder a ésta”.

El Ministerio Público calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo y consideró que no obstante el carácter ilícito que comporta el apoyo a grupos armados ilegales y la recepción de dineros provenientes de las actividades irregulares que ejercen, “voluntariamente se involucró en tales comportamientos y vulneró deliberadamente los deberes funcionales de respeto a la Constitución y a la Ley, predicables de todo servidor público”.

Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la nación.