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Procurador solicita declarar exequible la reciprocidad diplomática en la nacionalización por adopción

 

Bogotá, 27 de julio de 2009. El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la expresión “mediante tratados internacionales vigentes” contenida en el literal b) numeral 2 del artículo 39 de la Ley 962 de 2005.

Según el accionante, al establecer el principio de reciprocidad diplomática como uno de los requisitos para la nacionalización de los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento se vulnera la Constitución, toda vez que, a su juicio, la norma superior solo exige la reciprocidad legislativa, con lo cual se impide a cualquier latinoamericano o del caribe domiciliado en Colombia acceder a nuestra nacionalidad, en tanto no existen tratados internacionales vigentes con tales países.

Al emitir su concepto, el Jefe del Ministerio Público consideró que no le asiste razón al demandante al afirmar que el artículo 96 de la Carta Fundamental solo establece una reciprocidad legal para otorgar la nacionalidad por adopción a los nacionales de dichos Estados.

Señaló que ni el artículo 96, como tampoco el 226 ni el 227 de la Carta Magna establecen una clase específica de reciprocidad, la cual puede derivar de diversas fuentes y que su exigencia resulta ser del resorte del legislador, “acorde con las disposiciones superiores previstas tanto por el derecho interno como por el derecho internacional.”

Para el Procurador es ajustado a la Constitución que para poder solicitar la nacionalidad colombiana por adopción, los nacionales de los Estados latinoamericanos y del Caribe, además de estar domiciliados en Colombia por un término no inferior a un año, a la fecha de presentación de la solicitud, “el legislador haya dispuesto dentro de la libertad de configuración que le ha sido otorgada por el constituyente, que debe existir las reciprocidad diplomática”.

Lo anterior quiere decir que por conducto de tratados o convenios suscritos, aprobados y ratificados por Colombia, dichos Estados deben otorgar a los nacionales colombianos el mismo tratamiento que Colombia otorga a los nacionales de los Estados latinoamericanos y del Caribe.