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 PGN confirmó sanciones a ex Alcalde, ex Presidente del Concejo y ex Tesorero de Chivatá, Boyacá

 

Bogotá, 27 de julio de 2009. Al encontrarlos disciplinariamente responsables por irregularidades en la contratación, la Procuraduría General de la Nación confirmó sanciones a los señores Ever Eusebio Bernal Bernal, ex alcalde de Chivatá; Nelson Andrés Montero Ramírez, ex Presidente del Concejo Municipal y Edilberto Medina Auzaque, ex Tesorero Municipal.

Los hechos se relacionan con la orden de servicios que suscribió el entonces presidente del Concejo Municipal Nelson Andrés Montero Ramírez, con el señor Germán Zea Alonso, con el fin de prestar servicios de asesoramiento a la Banda Rítmica, por valor de 138 mil pesos, sin el previo lleno de los requisitos de ley, por cuanto se omitió la expedición oportuna del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

La Procuraduría Regional Boyacá señaló que, desde su competencia, cada uno de los ex servidores omitió el cumplimiento de una norma contenida en el estatuto de contratación, sin embargo, la responsabilidad no se limita únicamente al ordenador del gasto o director de la contratación, sino que cobija a quienes intervienen en los trámites correspondientes al pago de dicha orden.

Al resolver el recurso de apelación, modificó la decisión que en primera instancia profirió la Procuraduría Provincial de Tunja, que impuso como sanción la destitución e inhabilidad general por doce años para el ex presidente del Concejo, diez años para el ex alcalde y quince años para el ex tesorero.

Consideró que, es preciso analizar por separado la conducta de los disciplinables y que la sanción debe ser proporcional al grado de responsabilidad de los mismos, por lo cual, impuso como sanción la suspensión por el término de seis meses al señor Nelson Andrés Montero Ramírez, suspensión por el término de un mes al señor Ever Eusebio Bernal Bernal, y destitución e inhabilidad por diez años al señor Edilberto Medina Auzaque, quienes para la época de los hechos se desempeñaron como Presidente del Concejo Municipal, Alcalde y Tesorero, respectivamente.

Frente a la conducta del señor Nelson Andrés Montero Ramírez, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, opinó que no obstante haberse probado que fue quien suscribió la orden de prestación de servicios sin haber solicitado previamente la expedición de la  disponibilidad presupuestal, no obra prueba alguna de intencionalidad diferente a la de prestar un servicio a la comunidad y que igualmente no se evidencia que con la conducta irregular se hubiese causado perjuicio alguno a la administración, razón por la cual se modificó la sanción impuesta en primera instancia.

En relación con el ex alcalde Ever Eusebio Bernal Bernal, indicó que su obrar negligente al no verificar la anterioridad de la Disponibilidad Presupuestal, no causó perjuicio diferente a la mera omisión en la verificación de la legalidad de la orden, cuyo pago se tramitó sin causar traumatismos a la administración, consideración que se tuvo en cuenta al resolver el recurso.

Finalmente, para el caso del ex Tesorero Edilberto Medina Auzaque, concluyó que, su formación y experiencia le aportaban el conocimiento necesario para dilucidar respecto al ejercicio y trámites con la administración municipal, sin embargo, de acuerdo con las pruebas documentales, frente a la solicitud del 5 de agosto de 2004 que le hizo el entonces Presidente del Concejo Municipal de tramitar el pago al señor Germán  Zea, “sin ningún reparo, atendió lo solicitado en su totalidad, el día 6 de agosto de 2004, con la elaboración del CDP, y dando trámite a la orden de pago, sin analizar o evaluar el cumplimiento o no de la ley en la conducta que de él se requirió; contrariando con su conducta el procedimiento administrativo correspondiente a dicho trámite; el que dada su experiencia como tesorero, se esperaba de él”.