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Por homicidio en persona protegida PGN destituye a soldados profesionales

 

Bogotá, 26 de julio 2009. Por incurrir en grave violación al Derecho Internacional Humanitario al dar muerte a un campesino que tenía condición de persona protegida, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a los soldados profesionales Pedro Nel Martínez Ruiz, Edgar Fernando Poveda Perilla y Octavio Castro Corredor.

Los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2004 cuando miembros del Ejército Nacional adscritos a la Contraguerrilla Demoledor 6 del Batallón de Contraguerrilas número 50, le dieron muerte al señor Arbey Oswaldo Sánchez Campo en la vereda El Cabuyo, municipio de Popayán, quien posteriormente fue presentado como muerto en combate.

De acuerdo con la investigación, el señor Sanchez Campo no era integrante de grupo alguno al margen de la ley y menos aún se encontraba ejecutando actividades de hostilidad propias del conflicto armado.

Según los testimonios de familiares y amigos era un campesino conocido ampliamente en la región dedicado a la agricultura, motivo por el cual todas las mañanas salía a la madrugada de su casa en la Vereda El Cabuyo con rumbo a la Vereda El Clarete a trabajar en la finca de su hermano.

Los elementos de prueba aportados en el protocolo de necropsia, permitieron concluir que en el lugar no hubo disparos distintos a los efectuados por la fuerza pública y que el supuesto enfrentamiento no se presentó, con lo cual se desvirtuó la muerte en combate.

De otra parte, al señor Sánchez Campo no se le encontró ninguna arma de fuego, circunstancia que sumada a lo anterior, permite concluir que no pudo haber disparado contra la patrulla militar.

La Procuraduría indicó que la conducta de homicidio en persona protegida, tipificada en el derecho internacional humanitario como una grave infracción, es una grave violación a los Derechos Humanos, especialmente porque el derecho a la vida se ha visto afectado en el marco del conflicto armado y el Estado junto con sus fuerzas armadas, están en la obligación de proteger y no involucrar a la población civil.

Co este actuar los soldados incumplieron con los deberes propios del cargo referentes a la protección con la población civil, a través de actos irregulares arbitrarios, y dañosos que afectaron bienes jurídicamente tutelados, terminando con la vida del ciudadano en mención.

En el fallo de primera instancia contra el cual procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria del órgano de control, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humano calificó la falta de los militares como gravísima y señaló que la conducta en que incurrieron los soldados degrada la imagen de la institución y del Estado, “llevan a una pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos hacia las instituciones que constitucionalmente les corresponde velar por la vida, honra y bienes de todos los habitantes del territorio colombiano.