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PGN destituye a miembros de las Fuerzas Armadas y Fiscalía por colaboración con grupos de Autodensa

 

Bogotá, 26 de julio 2009. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a 8 miembros de la Policía, 2 del Ejército y 1 Técnico Judicial de la Fiscalía, al encontrarlos disciplinariamente responsables de colaboración con las Autodefensas Campesinas de Casanare, cuando estuvieron adscritos al departamento de Boyacá para los años 2002, 2003 y 2004.

Las pruebas permitieron concluir que los servidores de la Policía Nacional Sargento Jorge Eliécer Rodríguez Ramírez, Subcomisario Rubén Darío Vargas Marín, Agente Hernando Acevedo Naranjo, Subintendente Armando Albarracín Prieto, Subintendente Luís Hernando Alfaro Lora, Subintendente Gerson Ardila Lindarte, Subintendente Jorge Eliécer Bedoya Cañas y Agente Roso Carreño Gómez; los Agentes del Inteligencia del Ejército Edilberto Fonseca Niño y Luís Eberto Díaz Molano, y el técnico Judicial I de la Fiscalía General de la Nación Rodrigo Alfonso Caro Cristancho, prestaron, a cambio de remuneración en dinero, colaboración a las autodefensas al mando de alias Martín Llanos.

De acuerdo con la investigación, los disciplinables, a cambio de remuneración en dinero, suministraron y ocultaron información que coadyuvó para la comisión de hechos delictivos, como muertes selectivas contra indigentes, drogadictos y delincuentes, ajustes de cuentas, extorsiones entre otros, en jurisdicción de los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama y Paipa en el Departamento de Boyacá.

Para el Ministerio Público, una vez valorado el material probatorio aportado al proceso, se pudo llegar a la certeza legal y objetiva sobre la existencia del ilícito disciplinario.

En el fallo de primera instancia, el órgano de control señaló que con esta conducta se afectó de forma directa e inequívoca la finalidad misma de la Función Pública en cabeza la Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, “porque bajo ningún aspecto puede permitirse que las Entidades Públicas legalmente constituidas por el Estado para cumplir con sus fines, acudan a vías de hecho para el logro de sus propósitos”.

Consideró que carece de toda legitimidad el apoyo o colaboración que un servidor público brinde a los llamados grupos de autodefensa, más aún recibiendo como prestación una retribución, porque ésta es incompatible con la estructura del Estado de Derecho y, por tanto, no puede permitirse que quienes actúan como personificación jurídica del mismo toleren el actuar de esos grupos armados ilegales, cuya existencia además de afectar o poner en peligro derechos fundamentales de los asociados, implica una amenaza contra la estabilidad institucional.

Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.