359-09

 

PGN envía instructivo a Alcaldes de Cundinamarca para vigilar cumplimiento de la normatividad que rige a funerarias

 

Bogotá, 15 de julio de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a los alcaldes de Cundinamarca y a la Corporación Autónoma Regional, CAR, vigilar que las funerarias y demás lugares que cumplen funciones tanatopráxicas, le den estricto cumplimiento a la normatividad existente para garantizar prácticas seguras que minimicen el riesgo y eviten la contaminación al medio ambiente.

A través del Procurador 22 Judicial II Ambiental y Agrario, el Ministerio Público recordó que el Decreto 2676 de 2000, otorga el soporte jurídico para la aplicación y vigilancia de dichas normas y que el Decreto 391 de 1991 brinda información sobre el trámite para la inscripción y obtención de la licencia sanitaria de funcionamiento para las funerarias o agencias mortuorias.

Refirió que según datos recopilados en los últimos años a través de la aplicación de una guía de observación del cumplimiento de normas de bioseguridad y manejo de residuos tanatopráxicos y químicos en morgues, hornos crematorios, depósitos de cadáveres, cementerios y hospitales, a nivel Cundinamarca, se evidencian falencias en materia de capacitación y cumplimiento de estos parámetros.

En el instructivo solicita la atención de las autoridades locales para exigir a estos establecimientos además de la licencia de funcionamiento, el cumplimiento de las medidas de control, requisitos higiénicos, protocolos de seguridad ambiental y ocupacional, y capacitación específica, con miras a reducir el riesgo que genera esta actividad.

La procuraduría en coordinación con las autoridades de salud y ambientales de cada municipio ha iniciado operativos con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad señalada, encontrado hallazgos desalentadores, por cuanto se evidencia que en la gran mayoría de establecimientos visitados no se está cumpliendo con las disposiciones a cabalidad.

Estos operativos han arrojado como resultado el cierre temporal de algunas funerarias, y, en la gran mayoría, se han hecho requerimientos por parte de las autoridades competentes en las mismas diligencias, advirtiendo la necesidad de que en un plazo prudencial se acojan al ordenamiento y disposiciones actuales sobre la materia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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360-09

PGN destituyó a ex Gerente General de INCODER

Bogotá, sábado 18 de julio de 2009. 8:00 a.m. Con destitución e inhabilidad general por el término de 16 y 15 años, respectivamente, la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex Gerente General de INCODER, Arturo Enrique José Vega Varón y al ex Jefe de la Oficina Jurídica de la misma entidad, Guillermo Forero Álvarez, por no dar estricto cumplimiento a una Sentencia de Tutela y desestimar un incidente de desacato.

Los hechos se relacionan con la expedición de la Resolución No. 1533 del 10 de agosto de 2005, que, de acuerdo con las pruebas, consigna datos incompletos e inexactos con la pretensión de dar por cumplida la obligación de motivar la declaratoria de insubsistencia del señor Guillermo Oyola Herazo, ordenada mediante la Sentencia T-696 de 2002 de la Corte Constitucional.

El mismo acto administrativo, a su vez, sirvió como fundamento para desestimar el incidente de desacato interpuesto por el señor Oyola Herazo contra el INCODER ante el juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá.

Según la investigación, los funcionarios omitieron dar pleno y cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia T-696 de 2005 de la Corte Constitucional, por cuanto expidieron un acto administrativo indebidamente motivado, en el que para justificar la declaratoria de insubsistencia, que se produjo el 27 de abril de 2004, indicaron que la decisión se tomó por cuanto se debía atender la solicitud de incorporación al INCODER, de la señora Sonia del Carmen Verbel Salas, funcionaria de carrera del INCORA en liquidación a quien le fue suprimido el cargo mediante el decreto 2585 del 13 de agosto de 2004.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, concluyó que para el momento de insubsistencia del señor Guillermo Oyola Herazo, no se había suprimido el cargo de la señora Verbel Salas, por lo que no había, hasta ese momento, obligación legal de materializar su derecho preferente como servidora de carrera, desvinculando al primero para incorporar a la segunda.

Para el Ministerio Público el doctor Vega Varón no cumplió con el deber impuesto legal y judicialmente, “optando por suscribir hechos falsos bajo la confianza que le daban sus asesores de que, de esa manera, se podía mantener la desvinculación del señor Oyola Herazo y, al mismo tiempo, librarse de la obligación impuesta por la Corte Constitucional,”

En el fallo de primera instancia la Procuraduría consideró que los disciplinables tenían pleno conocimiento de sus funciones y de las obligaciones derivadas de la decisión de la Corte Constitucional, sobre las que el doctor Forero Alvarez debía instruir a los demás servidores del INCODER, “y a pesar de ello obraron en abierta contradicción con ellas, probablemente ante la imposibilidad, por ellos conocida, de fundamentar la decisión de declaratoria de insubsistencia del señor GUILLERMO OYOLA HERAZO en los verdaderos motivos que para ella se tuvieron.”

Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

 


361-09

PGN destituyó a ex Curador Urbano de Dosquebradas, Risaralda

Bogotá, sábado 18 de julio de 2009. 8:00 a.m. Por inobservar las instrucciones del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Dosquebradas, Risaralda, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general, por el término de dos años, a Manuel Alberto Ramírez Uribe Curador Urbano Primero para la época de los hechos.

Según la investigación, el entonces Curador Urbano modificó la licencia de urbanismo Número 017 de 2004 al proyecto de urbanización Nueva Esperanza, sin que se hubiera identificado la zona de parqueo obligatorio en número proporcional con las unidades residenciales.

Para la Procuraduría Provincial de Pereira, con esa modificación, se desconoció el contenido del Acuerdo Municipal 014 de 2000, por medio del cual se implementó el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Dosquebradas.

Los criterios mínimos de urbanización en nuevos desarrollos residenciales del POT, señalan que para el tipo de vivienda de interés social se debe tener un parqueadero por cada dos viviendas, por lo cual, para el total de 46 unidades proyectadas se requería un mínimo de 23 parqueaderos a efecto de satisfacer la disposición municipal, hecho que no se cumplió para la Urbanización Nueva Esperanza.

Según la investigación se pudo constatar que de acuerdo con la modificación que aprobó el entonces Curador Urbano Primero, aparecen plazas para parqueaderos ocupando áreas destinadas a las zonas verdes, que sólo se pueden usar de manera ocasional, lo cual no da cumplimiento a la disposición municipal.

El Ministerio Público consideró que conceder licencias de urbanismo sin acatar las normas respectivas constituye falta disciplinaria, por cuanto dentro de su función está la de corroborar o verificar que los proyectos de urbanización se ajusten a las normas urbanísticas del municipio.

El órgano de control calificó la falta como gravísima, cometida a título de dolo, y señaló que contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Risaralda.

 

 

362-09

PGN destituyó a Gerente y Subgerente de ESE Hospital La Cruz de Puerto Berrío

Bogotá, sábado 18 de julio de 2009. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por doce años a Pedro Antonio Rocha Jiménez, en su condición de Gerente de la ESE Hospital La Cruz de Puerto Berrío, y con destitución e inhabilidad por diez años a José Alfredo Gutiérrez Gómez, en su condición de sub Director Administrativo y Financiero del mismo establecimiento de salud, por celebrar contratos sin el lleno de los requisitos de ley.

De acuerdo con la Procuraduría Provincia de Puerto Berrío, los ex directivos de la entidad de salud, celebraron los contratos 002 de 2006 y 027 de 2006 por valor de 136 millones de pesos y 62 millones 789 mil 30 pesos, respectivamente, sin la existencia previa de los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal.

Conforme con las pruebas, a pesar de que los contratos referidos se suscribieron los días 5 y 10 de enero de 2006, fueron respaldados con posterioridad a su celebración con Certificados de Disponibilidad Presupuestal de fecha 1 de marzo de 2006.

Para la Procuraduría, con esta irregularidad, se inobservó la normatividad vigente contenida en el numeral 28 artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 21 del decreto 115 de 1996, norma aplicable a la Empresa Social del Estado, por carecer de un Estatuto Presupuestal.

En el fallo de primera instancia el Ministerio Público calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo y contra el mismo procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Antioquia.

 

363-09

Sancionados ex funcionarios de la Contraloría Departamental del Cesar

Bogotá, domingo 19 de julio de 2009. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al ex Contralor del Cesar, Alberto Uribe Oñate por irregularidades presentadas en varios contratos suscritos durante su permanencia en este ente de control.

Dentro del fallo de primera instancia también se sancionó con suspensión de dos meses a la señora Luz Amparo Gil Cobo, en su calidad de jefe de Contabilidad de ese ente en el departamento del Cesar.

El Ministerio Público concluyó que durante la suscripción y ejecución de tres contratos, el señor Uribe Oñate no verificó que los contratistas pagaran los respectivos aportes parafiscales, violando las normas constitucionales existentes en esta materia y afectando los programas que adelantan las entidades receptoras de estas contribuciones (ICBF, SENA, Cajas de Compensación Familiar).

Adicionalmente, se encontró que en varios contratos celebrados en su administración no realizó el registro presupuestal por el monto total de cada contrato, sino que dichos registros se efectuaron de manera parcial por cada cuota pactada como forma de pago.

Por esta expedición irregular de los citados registros, la Procuraduría también sancionó disciplinariamente a la señora Luz Amparo Gil, en su condición de jefe del departamento de contabilidad y presupuesto de la Contraloría Departamental del Cesar.

El Ministerio Público advirtió que contra esta decisión disciplinaria procede el recurso de apelación.

 

 

364-09

Por contratar sin la autorización del Concejo municipal, PGN destituye a ex alcalde de Florencia

Bogotá, domingo 19 de julio de 2009. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al señor Arnoldo Barrera Cadena en su condición de alcalde de Florencia (Caquetá) por irregularidades en la suscripción de varios contratos durante su administración.

El disciplinado suscribió entre el 1 de agosto y el 23 de septiembre de 2004 contratos de compraventa, de obras públicas de prestación de servicios, convenios, órdenes de servicios y de suministro sin contar con la autorización del Concejo Municipal de Florencia, ya que dicha autorización estaba vigente hasta el 30 de julio de 2004.

El ex alcalde había solicitado al Concejo de Florencia autorización para contratar por 90 días, aprobación que finalmente fue otorgada hasta el 30 de julio de 2004.

El señor Barrera Cadena, sin insistir ante la corporación municipal en la necesidad del respectivo Acuerdo de Autorización ni interponer las quejas disciplinarias del caso por el posible incumplimiento del Concejo de su deber de autorizar la contratación, procedió a la misma, siendo consciente de su limitación para contratar.

El Ministerio Público advirtió que aunque la ley asigna a los alcaldes la celebración de los contratos en representación de la entidad territorial, esta competencia está supeditada a la expresa autorización que para tal fin debe otorgar la corporación municipal.

Contra esta decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la sala Disciplinaria.

 

 

365-09

Destituido ex diputado del Chocó por violar régimen de inhabilidades

Bogotá, domingo 19 de julio de 2009. 8:00 a.m. Con destitución e inhabilidad general de 10 años para ejercer cargos públicos, la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex diputado de la Asamblea del Chocó, Ramón Cuesta Valencia por encontrarse inhabilitado para ejercer ese cargo.

Los hechos indican que el ex diputado se inscribió y fue elegido como diputado el 26 de octubre de 2003, estando incurso en inhabilidad ya que su hermano, David Cuesta Valencia, se desempeñó dentro de los 12 meses anteriores a su elección, como Secretario de Despacho del departamento del Chocó y estuvo encargado como Gobernador del mencionado ente territorial en varias oportunidades.

Por estos hechos, el Ministerio Público presentó demanda electoral contra el señor Cuesta Valencia ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lográndose la declaratoria de la nulidad de la elección por parte del Consejo de Estado y la cancelación de la credencial que la Organización Electoral le entregó al ex diputado.

La falta fue calificada como gravísima a título de dolo teniendo en cuenta que el implicado tenía conocimiento que su hermano desde el año 2001 ocupaba el cargo de Secretario de la Administración Departamental y que esta circunstancia constituía una inhabilidad.

Contra esta decisión de primera instancia procede el recurso de apelación.

 

366-09

Destituido e inhabilitado por 10 años ex director del Hospital Integrado de Sabana de Torres (Santander)

Bogotá, lunes 20 de julio de 2009. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al señor David Ramos Moreno, en su condición de director del Hospital Integrado de Sabana de Torres por irregularidades en la suscripción de varios contratos.

El fallo de segunda instancia señala que entre el 3 y 24 de enero del año 2005, el señor Ramos Moreno suscribió varios contratos de prestación de servicios, sin contar previamente con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, y después de celebrados no se efectuó el registro presupuestal.

Estos hechos fueron constatados por el personero municipal, quien fue comisionado por la Procuraduría para examinar cada una de las carpetas que contenían las órdenes de prestación de servicios cuestionadas, tal como quedó registrado en el acta de visita correspondiente.

El Ministerio Público recordó que el certificado de disponibilidad presupuestal es un requisito indispensable a la apertura de las licitaciones, concursos o a la iniciación de procesos de suscripción de contratos y que el registro presupuestal es un acto posterior a la celebración del contrato, necesario para el perfeccionamiento de éste y previo a su ejecución, por lo tanto su incumplimiento es causal de sanción disciplinaria.

La falta fue calificada a título de dolo, teniendo en cuenta que el disciplinado debía conocer que para la celebración de los contratos tenía que contar previamente con el mencionado Certificado y posteriormente enviarlos al registro para que se reservara la partida presupuestal correspondiente para cancelarlos.

367-09

Destituido docente de Puerto Nariño (Amazonas)

Bogotá, lunes 20 de julio de 2009. 8:00 a.m. Con destitución e inhabilidad por 14 años, la Procuraduría General de la Nación sancionó al profesor Héctor Linares Veneno, docente de una Institución Educativa del municipio de Puerto Nariño (Amazonas) quien realizó actos sexuales diversos del acceso carnal con menores de 14 años.

La investigación realizada por la Procuraduría se fundamentó en las quejas presentadas contra el señor Héctor Linares por parte de familiares de varias estudiantes.

Según se estableció, aprovechando su condición de docente y director de grupo propiciaba espacios para estar a solas con sus estudiantes y cometer este tipo de actos que atentan contra los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes.

A juicio del Órgano de Control la calidad de servidor público del señor Héctor Linares “le obligaba a observar un comportamiento decoroso y recto, propio de su investidura de docente, más aún cuando toda la comunidad estudiantil, docente, directiva depositan confianza en su recto proceder”.

De acuerdo con las pruebas recaudadas el Ministerio Público concluyó que en profesor actuó de manera dolosa, por cuanto conocía de la prohibición legal de ejecutar actos sexuales abusivos contra persona alguna y aún contra sus menores alumnos.

Esta decisión no fue apelada por el disciplinado y en consecuencia ha quedado en firme.