351-09

 

En firme destitución e inhabilidad por 20 años contra la ex concejal de Bogotá Judy Consuelo Pinzón Pinzón

 

Bogotá, julio 10 de 2009.  El Consejo de Estado a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda de nulidad contra las providencias del 21 de mayo de 2003 expedida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, y del 17 de julio del mismo año, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que instauró la ex Concejal de Bogotá Judy Consuelo Pinzón Pinzón.

 Según la actora de la demanda de nulidad, el fallo que la sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años para el ejercicio de funciones públicas, no se soportó en pruebas legales aportadas regular y oportunamente al proceso disciplinario.

 La ex Concejal Judy Consuelo Pinzón Pinzón, fue destituida de su cargo por pedir dinero a un particular para reformar un proyecto de acuerdo del Código de Policía de Bogotá que se tramitaba en el cabildo distrital.

 Al examinar las versiones rendidas dentro de los procesos penal, disciplinario y de pérdida de investidura, la Sala no encontró contradicciones que comprometieran de alguna manera la credibilidad de las personas que declararon y, por el contrario, advierte una innegable coincidencia, en circunstancias de tiempo, modo y lugar, sobre las exigencias de orden económico que se venían haciendo  a cambio de modificar parcialmente el proyecto de Código de Policía en el Distrito.

 El fallo del Consejo de Estado también señala que los disciplinados, en su condición de Concejales del Distrito Capital de Bogotá, desde el momento que fueron contactados por el señor Mauricio Castillo Mora, solicitaron unas determinadas sumas de dinero con la intención de favorecer, con su decidida intervención, los intereses de los vendedores ambulantes pues, aprovechando el debate que se estaba llevando a cabo en la Corporación Distrital,  propondrían una modificación en el Código de Policía.

 Al mismo tiempo se consideró que para efectos de imponer la sanción de destitución e inhabilidad, la Procuraduría General de la Nación no sólo se fundamentó en grabaciones sino en declaraciones de testigos que le merecieron toda confianza y credibilidad, y además, en el intercambio de llamadas hechas desde los abonados celulares del denunciante y de la actora, pruebas que no fueron desvirtuadas.

 La Sala concluyó que las pruebas muestran que la disciplinada sí incumplió con sus deberes e incurrió en claras prohibiciones, “por lo que la Procuraduría General de la Nación consideró que su conducta se adecuaba, como en efecto lo fue, a las previsiones del artículo 48 numerales 1,45 y 60 del CDU.”