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Consejo de Estado negó demanda de nulidad por caso de destitución de Gerente de la Nueve Millonaria

 

Bogotá, 10 de julio de 2009.  El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de nulidad parcial de la providencia del 17 de julio de 1998, expedida por la Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, y de la providencia del 16 de diciembre de 1999, proferida por el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública que confirmó la decisión de destitución e inhabilidad por cinco años contra Jairo Hernán Benjumea, ex Secretario General y ex Gerente de la Lotería La Nueve Millonaria.

 Frente a las causales que determinaron la sanción disciplinaria proferida por la Procuraduría, el fallo del Consejo de Estado indicó que, pese a los diferentes requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud para que se hicieran giros mensuales de las utilidades con destino a la salud, la empresa no procedió de conformidad con tales observaciones, lo que demuestra la falta de diligencia en el manejo de los recursos por parte del representante legal.

 De otra parte, señaló que, aun cuando el Gerente sí tenía  facultad de adquirir, enajenar, ceder, gravar, dar en administración o arrendar los inmuebles de la entidad, debía contar con la venia de la Junta General de Socios, y no obstante existir regulación expresa sobre el tema, “el  actor constituyó inversiones a través de certificados de depósito a término sin el aval de la Junta General de Socios, caso en el cual requería del voto favorable del cien por ciento (100%) de los asociados (parág. 2º del art. 14 de los Estados Sociales), irregularidad que se demuestra con la documental que obra a folios 52 y ss del cuaderno 7 del expediente.”

 Sobre el particular, el Consejo de Estado llamó la atención que tales inversiones se dejaron en manos de firmas o de empresas que no se encontraban sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, sin que se llegara a verificar la situación del mercado financiero en ese momento ni las condiciones económicas de la empresa.

 En el fallo se dejó en claro que no se puede aceptar como causal de exculpación, la finalidad con que se constituyó el portafolio de inversión, así haya tenido como propósito obtener algunos rendimientos económicos, “pues lo cierto es que el demandante incurrió en omisiones y extralimitaciones que desencadenaban en una responsabilidad subjetiva, se repite, por el hecho de no atender las normas que informaban sus actuaciones como representante legal de la empresa industrial y comercial que gerenciaba”.

 En cuanto a la calificación de la naturaleza de las faltas, observó la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –Subsección A, que no hubo variación o modificación de una instancia a otra, por cuanto en razón al comportamiento demostrado del actor, “en cuanto permitió que terceros obtuvieran un incremento patrimonial e impidió que los recursos fueran destinados en su debido momento a la salud”, conllevó a que se determinara la falta como gravísima, en las dos decisiones proferidas por la Procuraduría General de la Nación.

 El alto Tribunal precisó que el Ministerio Público atendió a cabalidad las reglas jurídicas que gobiernan esta clase de actuaciones administrativas, sin descuidar la etapa propia del proceso disciplinario, cumpliéndose así con el fin para el cual han sido instituidas cada una de ellas.

 Consideró que, “en ausencia de tacha concreta y comprobada, las argumentaciones que se hacen en la demanda no resultan válidas para quebrar el principio de legalidad que ampara el acto acusado y por lo tanto se denegarán las súplicas”.