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344-09

 

PGN destituye a ex Alcalde de Marsella, Risaralda

 

Bogotá D.C., julio 1 de 2009.  La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por catorce años, al ex alcalde de Marsella, Risaralda, Carlos Alberto Hernández Nieto, por irregularidades consistentes en el fraccionamiento de contratos.

De acuerdo con la investigación, en su condición de Alcalde municipal, durante el periodo 2004 – 2007, celebró seis contratos con diferentes personas para la ejecución de determinadas actividades tendientes a la efectiva construcción de vías en los barrios de la ciudad.

La Procuraduría Provincial de Pereira consideró que el señor Hernández Nieto los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2006, firmó seis contratos estatales bajo la modalidad de contratación directa de mínima cuantía, para el desarrollo de levantamiento topográfico, excavaciones, seriado, nivelación, compactación de afirmado, construcción de sumideros, actividades contratadas de manera independiente, pero destinadas a una misma finalidad, “construcción de varios sectores de vías específicas en zona urbana del municipio de Marsella, Risaralda”. 

El Ministerio Público consideró que incurrió en falta disciplinaria “al haber inobservado el principio de transparencia en la actividad contractual a su cargo, al celebrar varios contratos deshaciendo la unidad natural del objeto contractual, hechos debidamente probados en el decurso de la acción disciplinaria”.

Para la Procuraduría, en el fallo de primera instancia, los seis contratos celebrados para diferentes actividades alimentaron un mismo objeto, pues unas dependían ineludiblemente de las otras para la cabal terminación de varios sectores de vías específicas en el municipio, con lo cual evidenció la finalidad de agotar la contratación con premura, según se verifica al comparar el término en que se agotó la etapa precontractual hasta el arribo de los contratos, que fue sólo de tres días. El órgano de control calificó la falta del ex Alcalde de Marsella como gravísima cometida a título de dolo.

Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Risaralda.

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