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341-09

 

PGN elevó cargos contra miembros del Ejército por presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario

 

Bogotá D.C., junio 30 de 2009. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del Subteniente Nixon Pabón Sandoval, en su condición de Comandante del Pelotón Nariño No. 6, y del Sargento Segundo Samir Enrique Bravo Oviedo, miembros del Batallón de infantería Mecanizado No. 4 General Antonio Nariño, por  posible incumplimiento de los deberes oficiales de respeto por la integridad física y la vida humana.

Los militares deberán responder por su presunta responsabilidad durante la ejecución de la Misión Táctica No. 020 “Frenesí”, en la que fueron reportadas las heridas causadas a la menor Betsy Cristina Nieves Oñate y la muerte de Yahaira Cristina Nieves Oñate, quienes pertenecían a la comunidad indígena Wiwa. La última de las mencionadas se encontraba en estado avanzado de gravidez.

De acuerdo con el Ministerio Público los militares, al parecer, incurrieron en grave violación al Derecho Internacional Humanitario, concretada en la posible afectación del principio de distinción y habrían vulnerado la normatividad contenida en los convenios internacionales de defensa de los Derechos Humanos, ratificados por la legislación colombiana.

Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2006 durante la Operación “Flamante”, de la cual se derivó la ejecución de la Misión Táctica No. 020 “Frenesí”, cumplida en el área rural del municipio de El Molino, Guajira, en desarrollo de un supuesto combate sostenido entre unidades militares e integrantes de los frentes guerrilleros 41 y 59 de las Farc.

Como resultado de tal acción resultó muerta la señora Nieves Oñate y se causaron heridas a la prenombrada menor de edad, integrantes de los comunidad indígena Wiwa, la cual goza de medidas cautelares de protección emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Procuraduría General de la Nación examinó tres hechos comprobados durante la investigación,  en primer lugar la versión de los militares según la cual se vieron impelidos a utilizar las armas de dotación, al ser atacados por un grupo de integrantes de la subversión, entre quienes se encontraba la occisa, a la que se le halló una escopeta calibre 12, así como 2 kilos de pólvora, municiones y propaganda alusiva a las actividades ilícitas de la guerrilla.

En segundo lugar, la declaración rendida por la señora Diana Patricia Daza Pabón, quien trató por muchos años a la señora Nieves Oñate y le causó extrañeza la afirmación, en uno de los documentos en que se reportó su muerte, que “calzaba botas talla 40, cuando en realidad durante varios años a ella le correspondió comprarle zapatos de una talla mucho menor puesto que se trataba de una mujer indígena de contextura delgada y con muy baja estatura”.

En tercer lugar, para el órgano de control tiene un significado capital el hecho de encontrarse la occisa en el sexto mes de embarazo, lo cual permite cuestionar razonablemente que una mujer en ese estado, en compañía de sus hijos menores con edades que oscilaban entre los 2 y 5 años de edad, hubiera decidido y podido enfrentarse en combate frontal contra numerosos soldados profesionales fuertemente armados, que por supuesto la superaban en número y en formación para participar en el combate.

La Procuraduría también elevó pliego de cargos por los mismos hechos contra los soldados profesionales Andis Miguel Pacheco Lozano, Nando Miguel Padilla Quintero y Felipe Bariosnuevos Gutiérrez, en su condición de orgánicos del Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 General Antonio Nariño.

 

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