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Procuraduría pide a Fiscalía resolución de acusación por estafa en proceso de venta de acciones del Banco de Colombia

 

Bogotá, 17 de junio de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Fiscal Octavo de delitos contra la Administración Pública que profiera resolución de acusación contra el doctor Jorge Londoño Saldarriaga, en su condición de presidente del Banco Industrial Colombiano, por el delito de estafa agravada.

Respecto del doctor Federico Guillermo Ochoa Vásquez, el Ministerio Público solicitó preclusión de la investigación porque no se desvirtuó su presunción de inocencia respecto del delito de estafa agravada que le fuera imputado.

En relación con el delito de utilización indebida de dineros captados del público, se reclamó preclusión de la investigación para los dos ciudadanos procesados, toda vez que la conducta investigada prescribió el 6 de mayo de 2008.

Los hechos están relacionados con la denuncia instaurada contra el Presidente y Directivos del Banco Industrial Colombiano por los señores Jorge Gilinsky Bacal e Isaaz Gilinsky Sragovicz el 28 de febrero de 2001, quienes en su condición de compradores del 51% de las acciones del Banco de Colombia, habrían incurrido en distintas acciones y omisiones propias de un fraude económico.

El 26 de noviembre de 2003 la Fiscalía precluyó la investigación a los procesados, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada el 8 de julio de 2004; sin embargo, el 6 de marzo de 2006, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en sentencia T-171, dejó sin efectos lo resuelto por la Fiscalía, al declarar que se violaron los derechos de las víctimas a la verdad y justicia, por no practicarse unas pruebas que previamente habían sido decretadas, consistentes en las declaraciones de Robert Gray y Martín Fariña, así como información de la Securities and Exchange Comissión (SEC) en Estados Unidos.

Removida la cosa juzgada que operaba a favor de los procesados, la fiscalía dispuso la práctica de la prueba objeto del amparo constitucional. Surtido el trámite procesal y luego de varios debates ante la primera y segunda instancia, la Fiscalía Octava de delitos contra la Administración Pública cerró nuevamente la instrucción y dio traslado a los sujetos procesales para que conceptuaran sobre la ocurrencia de los hechos y la probable responsabilidad de los procesados.

El Ministerio Público consideró que si bien la prueba practicada con ocasión de la orden de tutela no probó actos de manipulación bursátil en el mercado de valores de Nueva York, los medios de prueba legal y oportunamente aducidos a la actuación indicaron que hubo doloso ocultamiento de información relevante en la negociación, tanto a la contraparte como a las autoridades administrativas del mercado bancario y de valores; omisiones que crearon el engaño y el consecuente desmedro patrimonial para los denunciantes y los accionistas minoritarios del Banco de Colombia, quienes a la postre asumieron unos pasivos no conocidos y un valor accionario inferior al pactado en el contrato.

Frente al delito de utilización indebida de fondos captados del público, el Ministerio Público conceptuó que si bien se probó su comisión, en la medida que gran parte del 51% de las acciones del Banco de Colombia fueron pagadas con dineros de los ahorradores del banco fusionado, la conducta prescribió el 6 de mayo de 2008, situación no imputable a los procesados.