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PGN destituyó a gerenta de hospital de San Vicente del Caguán

Bogotá, 13 de junio de 2009. 8:00 A.M. Por tomar posesión del cargo como gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) San Rafael, que funciona en San Vicente del Caguán, mientras ejecutaba un contrato de prestación de servicios con otra entidad del Estado, la Procuraduría Regional del Caquetá destituyó e inhabilitó por 10 años, a la doctora Gilma Espinosa Zabaleta.

En el año 2008 el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria porque al parecer la señora Espinosa Zabaleta, había aceptado el cargo como Gerente de dicha ESE, ubicada en San Vicente del Cagüán, manteniendo paralelamente un contrato como Auditora Médica con el Batallón de Servicios Número 12, situado en la ciudad de Florencia Caquetá, a aproximadamente cuatro horas de distancia de donde desempeñaba este cargo administrativo.

Según los hechos, comprobados por la Procuraduría General de la Nación y aceptados por la investigada, la citada funcionaria asumió como gerente el 8 de enero de 2008, manteniendo paralelamente su contrato como auditora hasta el 29 de febrero del mismo año, dándose así una doble vinculación y remuneración durante ese periodo lo que, al parecer, era violatorio del régimen de incompatibilidades que consagra el artículo 128 de la Constitución Política.

En su defensa la señora Gilma Espinosa Zabaleta argumentó que por ser profesional de la salud se encontraba facultada para tener una doble vinculación y remuneración dado, entre otros, que la Ley 296 del año 2006, establece excepciones para esos casos. Además presentó como pruebas la declaración de la profesional del Ejército Nacional que la tuvo como Auditora Médica, en la cual se destacaron sus buenos oficios y profesionalismo en el ejercicio de su función.

Sin embargo, para el Ministerio Público, la investigada asumió un cargo directivo en el cual cumplía con funciones de dirección y mando, “es ordenadora del gasto, no asistencial”, lo cual no corresponde con el campo de aplicación de la Ley 296 de 2006 que indica que “…se aplica a todo el personal de salud que cumpla en forma directa con funciones de carácter asistencial en entidades prestadoras de servicios de salud, sin perjuicio del sistema de salud que se rija”.

Señaló el ente investigador que, de acogerse el argumento de la defensa “se puede entonces ser Secretario de Salud Pública y tener contratos con el estado, Un Profesional de la Salud, que es Alcalde, puede contratar con el estado, Un Rector de una Universidad que tenga el título en Ciencias de la Salud, podría contratar con el estado y así en cadena con todos los cargos que se desempeñan por profesionales de la Salud”.

En consecuencia, la Procuraduría Regional del Caquetá no aceptó los argumentos de la defensa y declaró vigente el cargo disciplinario formulado a la Doctora Gilma Espinoza Zabaleta, notificándole que en contra de esta decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.