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Destituido e inhabilitado Concejal de Villavicencio (Meta)

Bogotá, 12 de junio de 2009. 8:00 La Procuraduría Regional del Meta, destituyó e inhabilitó por 10 años al señor José Helí Baquero Mateus, actual Concejal de Villavicencio, en el departamento del Meta para el periodo 2008 – 2011, por haberse posesionado y actuado como Concejal a pesar de que haber sido condenado por el delito de estafa.

Al revisar este caso, el Ministerio Público constató en el Juzgado Penal del Circuito de Acacias que aunque el expediente en contra del Señor Baquero Mateus no reposaba en los archivos, existían las anotaciones del caso en el libro de radicación que dan cuenta de una sentencia condenatoria a 12 meses de prisión con fecha del 16 de noviembre de 1976 y certificación expedida por el Departamento Administrativo de Seguridad -D.A.S, en la que se da fe de la existencia de esta sentencia judicial.

Por esta razón se estableció que el señor Baquero Mateus, no podía haberse posesionado ni actuado como concejal, dado que estaba incurso en una inhabilidad consagrada Ley 617 de 2000, así:

“LEY 617 DE 2000. ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:


"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.

Consideró la Procuraduría Regional del Meta que, con la acción del disciplinado de posesionarse y actuar como Concejal, violó su deber funcional. Lo anterior también atendiendo a lo afirmado por la Corte Constitucional, con respecto a la inhabilidad consagrada, y que se cita el fallo de la siguiente manera “… más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo”.

Se advierte además, que la dignidad del cargo que desempeñaba ante la comunidad obligaba a José Heli Baquero Mateus a conocer las normas que regulaban su actividad como servidor del Estado. Pese a ello señala el fallo que el funcionario “se separó de manera inconsulta de su deber, y se negó “temerariamente” a la posibilidad de conocer las contravenciones en las que eventualmente incurriría por su actuación omisiva”.

Como quiera que no se interpuso recurso dentro de la audiencia el fallo, queda ejecutoriado, es decir que queda en firme.