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307– 09

Procuraduría general de la nación y contraloría general de la república advierten acerca de mala gestión con recursos para el medio ambiente

 

Bogotá, 9 de junio de 2009. De acuerdo con los resultados de un estudio conjunto llevado a cabo por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República durante el periodo 2004 - 2006, de los 130 municipios encuestados, la gran mayoría no pudieron explicar de manera satisfactoria a los entes de control, en qué invirtieron los $130.772 millones de pesos de los recursos de las transferencias del sector eléctrico –TSE- que manifestaron haber recibido para atender los temas de saneamiento básico y manejo ambiental.

También se determinó que menos del 50% cumplieron de manera adecuada con lo señalado en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1933 de 1994, reglamentario de dicha transferencia.

Dentro de los hallazgos, se evidenciaron diferencias entre los valores reportados por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN) y los declarados por los municipios, bien sea porque los datos aportados por ACOLGEN resultaron ser menores a los presentados por los municipios, o en otros casos, porque los municipios declararon haber recibido valores superiores a los reportados por ACOLGEN.

Para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR-, si bien es cierto que entre los años 2004 y 2006, las transferencias del sector eléctrico se ubicaron como su tercera fuente de recursos más importante, ascendiendo el monto a los $ 196 mil millones de pesos (7.7%), lo que significó el 50% de los recursos de Corporguavio, Corpochivor, CRA y Cornare, tendencia no continuó en 2006.

Llama la atención que las autoridades ambientales regionales han avanzado en el tema de la formulación de los Planes de Ordenamiento de las cuencas hidrográficas, pero todavía se presentan inquietudes y observaciones en el manejo financiero de dichos recursos.

Encontraron los entes de control que los recursos provenientes de las - TSE, que realizaron las empresas generadoras de energía, son estratégicos en virtud de que los aproximadamente $0.327 billones asignados se distribuyeron así:

•$0.196 billones de pesos para las CAR con destinación a la protección y conservación de las cuencas hidrográficas que surten a las hidroeléctricas y las zonas de influencia de las termoeléctricas y $0.131 billones para los Municipios, recursos que están dirigidos a saneamiento básico y mejoramiento ambiental.
Sin embargo, advierten los investigadores que, “no todos los recursos están siendo destinados en lo que señala la norma”.

Tras una encuesta realizada a las administraciones de los 190 municipios, y diligenciada por 130 de ellos, se destacó que 61 declararon no haber hecho durante los tres años del periodo investigado, ningún tipo de inversión en el medio ambiente, con las transferencias del sector eléctrico.

Esto equivale, según el informe, a que $23.504 millones de pesos, que deberían destinarse para la conservación y protección de las cuencas que abastecen a las generadoras ó al manejo ambiental de sus zonas de influencia, se utilizaron para diversos aspectos, contrario a lo que dicta la ley.

Al mismo tiempo, se encontró que sólo 30 municipios reportaron el mismo valor de transacciones recibidas e invertidas en diferentes proyectos. El gasto de estos municipios sumó lo $19.945 millones de pesos, de los cuales el 8.18% se invirtió en la defensa de la cuenca y en la recuperación de la zona afectada por las empresas de energía; el 12.47% en agua potable y saneamiento básico y la mayor parte de estos recursos en el pago de déficit fiscal y financiero, con un 38.68% sobre el total, lo cual va en contravía con lo dispuesto en la ley. El 10% del que habla la norma es solo para funcionamiento.

De los municipios que reportaron información, el que recibe más recursos de TSE es San Carlos (Antioquia), seguido por Buenaventura (Valle del Cauca) y Carolina del Príncipe (Antioquia). También se destacó que 39 de ellos superaron en la sumatoria de los tres años los $1.000 millones, lo cual evidenció la existencia de dineros para efectuar una importante gestión ambiental que no se está desarrollando.

Así mismo, Antioquia (46%) y Cundinamarca (25%), recibieron el 71% del total de los recursos transferidos por las generadoras, mostrando una alta concentración de cuencas y embalses en estas regiones y una alta demanda por energía eléctrica.

Tanto para la Procuraduría como para la Contraloría es evidente, que falta claridad en el manejo de los recursos y existe desconocimiento por parte de las autoridades locales y regionales acerca de los aspectos en los cuales realmente se debe invertir, es decir en las cuencas y en las zonas de influencia de las Corporaciones y en la priorización en actividades de saneamiento básico y mejoramiento ambiental por parte de los municipios.

Señalaron que existen debilidades en la coordinación institucional entre las generadoras y las corporaciones, lo cual no ha permitido el diseño e implementación de una línea de base que permita el seguimiento permanente del estado actual de oferta hídrica en las zonas de influencia.

En el marco del Convenio tripartita suscrito por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación, se conminó a las entidades, municipios, corporaciones y empresas de energía para que promuevan un trabajo conjunto que permita una adecuada gestión con la tasa establecida en la ley 99 de 1993.